El crecimiento de la investigación educativa

El crecimiento de la investigación educativa
Por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta UdeG Nº 825

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa señaló en el año 2003 que: “Aunque los inicios de la investigación educativa se registran en los años treinta y en los cincuenta, no es sino hasta 1964, con la fundación del Centro de Estudios Educativos (CEE), que comienza la investigación educativa actual”.

Por ello, este tipo de estudios en México tienen una trayectoria de muchas décadas, y las investigaciones de este centro apuntaron principalmente a un diagnóstico del sistema educativo nacional y a realizar una revisión crítica de la estadística educativa desde la perspectiva de equidad.

Posteriormente, en la década de los setenta, se crea el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fueron los primeros centros de investigación modernos relacionados con el la educación multidisciplinaria.

En los últimos años se han creado y fortalecido entidades de investigación que ofrecen un panorama de lo que sucede en el ámbito de la educación, tanto dentro de las Instituciones de Educación Superior como en los centros del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), asociaciones civiles, organismos públicos descentralizados o instituciones privadas; los ejemplos se multiplican y cito sólo algunos que pueden servir de referencia, sin demérito de todos los demás: el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), que destacan por sus aportes en la evaluación e investigación educativa.

El crecimiento en el número de investigadores en el país ha sido consecuencia del impulso que se le ha dado a este importante campo de generación de conocimiento, al incremento en el número de posgrados de calidad orientados a la formación de profesores e investigadores y, en los últimos años, a la multiplicidad de temas y problemas que surgen cada día, en particular a partir de la Reforma Educativa más reciente, iniciada con la modificación del Artículo 3º constitucional y publicada el 9 de febrero de 2012

en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  (DOF),  que  declara como formación obligatoria a la educación media superior y, posteriormente, la reforma al mismo artículo que se publicó en el DOF el 26 de febrero de 2013, mediante la cual se eleva a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación que reciben los mexicanos. Es con base en este decreto que se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Aunque es difícil precisar cuántos académicos trabajan en las distintas líneas de investigación sobre el tema educativo en todo el país, un indicador es el número creciente que tiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt e inscritos en la disciplina Pedagogía, del área de Humanidades y ciencias de la conducta, que en este año alcanza ya 438 investigadores, de los cuales el 56 por ciento son mujeres; conviene aclarar que por su naturaleza, la educación es un campo multidisciplinario y las subdisciplinas son abundantes, por lo que muchos estudiosos se encuentran ubicados en otras áreas, pero sus investigaciones tienen por objeto de estudio a la educación. Si se habla del total por entidades federativas, el Distrito Federal es donde se concentra la mayoría de los investigadores, 145 en total, mientras que en Jalisco hay 37, de los cuales 28 forman parte de la Universidad de Guadalajara.

Los proyectos de investigación emprendidos alrededor de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), del programa de escuelas de calidad, sobre los motivos de los pésimos resultados de las pruebas internacionales y locales en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, la deserción escolar, el embarazo adolescente, entre muchos otros, dan cuenta del dinamismo en el campo de la investigación educativa, que se potencia con la creación del Instituto de Evaluación Educativa (INEE). En síntesis, el sistema educativo mexicano está bajo observación y los resultados de las investigaciones permitirán identificar necesidades, efectuar diagnósticos, evaluar el impacto y los resultados de las reformas y programas, y fortalecer la innovación tecnológica en el país.

Movilidad académica e internacionalización

Movilidad académica e internacionalización
Por Ruth Padilla Muñoz y Brenda Luna Chávez en la Gaceta UdeG Nº 811

La experiencia de cursar, complementar o concluir estudios en otras instituciones de educación superior (IES) extranjeras o nacionales, es para muchos estudiantes una invaluable oportunidad de desarrollo y generación de capital social, al enriquecer su formación cultural y abrir nuevos horizontes en el campo profesional.

Esto es posible gracias a la movilidad académica, que propicia el intercambio de estudiantes, profesores o investigadores entre distintas instituciones educativas, que a la vez se benefician de la colaboración y del potencial que de ella se deriva para la formación de capital intelectual, la investigación y la difusión cultural.

La movilidad estudiantil forma parte de las estrategias para la internacionalización de las IES y es un tema de interés creciente que, incluso se ha constituido en un indicador de la calidad institucional. Ello se debe a que dicha estrategia es clave para adaptarse con rapidez a los constantes cambios que acontecen en el área económica, política, social o académica en el mundo global, lo que ha obligado también a replantear los modelos educativos, encontrar los mecanismos para el reconocimiento interinstitucional de los estudios y compartir experiencias exitosas de formación.

Una de las herramientas cada día más usadas para la internacionalización está basada en el uso creativo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), porque han hecho posible diversificar los canales de intercambio entre distintas instituciones educativas en todo el mundo, facilitando la creación de bibliotecas virtuales, redes de colaboración, cursos compartidos, laboratorios virtuales de uso común e incluso la creación de nuevas IES.

Este enorme abanico de posibilidades facilita el establecimiento de convenios para la movilidad estudiantil, sin que el alumno tenga que salir de su lugar de origen.

Desde otro ángulo del análisis, la movilidad académica se ve reflejada en el trabajo realizado entre instituciones gubernamentales, o a través de programas de cooperación institucional, como los que realiza la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). En los últimos años este organismo ha establecido programas de cooperación que favorecen los espacios de promoción e integración entre los estudiantes de distintas áreas del conocimiento, potencializando la calidad de la educación superior.

Uno de los programas que comenzará a implementar en breve es el Proyecto Paulo Freire de Movilidad Académica para Estudiantes de Programas Universitarios de Formación del Profesorado. Dicho programa planea consolidarse como un instrumento de colaboración en toda la región y está dirigido a los jóvenes de posgrado o licenciatura que estén cursando programas dirigidos a la formación docente.

Cada día surgen nuevos programas de movilidad internacional mediante la colaboración entre distintos países. Un ejemplo reciente es la iniciativa “Proyecta 100,000”, del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), cuyo objetivo está centrado en desarrollar una visión compartida sobre cooperación educativa, formación de capital humano, investigación e innovación entre México y Estados Unidos de América. Es una propuesta que permitirá a 100 mil mexicanos estudiar en allá y a 50 mil jóvenes de ese país realizar una estancia de estudios en México en 2018. En este proyecto ha sido activa la participación de la Universidad de Guadalajara. Tan sólo en el ciclo escolar 2011/12 alrededor de 14 mil estudiantes mexicanos realizaron estudios en Estados Unidos, lo que ubicó a México en el noveno lugar como país de origen de estudiantes en aquel país.

Conviene destacar que para Estados Unidos, México se ubica en el décimo tercer lugar como país de destino en el mundo, con alrededor de 4 mil 100 estudiantes durante el ciclo escolar 2010/111

Las cifras de alumnos a nivel mundial que deciden continuar estudiando en IES nacionales o internacionales va en aumento, pues se prevé que para el año 2025 el número de estudiantes internacionales aumentará a 7.2 millones, un incremento significativo en comparación al registrado en el año 2000, que fue de 1.2 millones de alumnos.

La movilidad académica es una excelente oportunidad que contribuye a mejorar el nivel educativo, mediante la adquisición de competencias para desarrollarse en un mundo global, representa un área de cooperación entre distintas IES, y es una estrategia para mejorar el desarrollo del país.

Esperamos que cada día haya mayores alternativas para lograr una educación de calidad para todos los mexicanos

Colegiación y certificación obligatorias para algunas profesiones

Colegiación y certificación obligatorias para algunas profesiones
Por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta UdeG Nº 789

La reciente  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación Obligatorias, fue presentada por un grupo de senadores del PRI, PAN y PRD, el pasado 10 de febrero, con el argumento de que una de las funciones del Estado es la de asegurar a la población que cuando acuda a solicitar los servicios de un profesionista, éste los reciba con certeza de calidad y conforme a los parámetros de conducta ética y profesional correspondientes a cada disciplina.

La citada iniciativa establece en su artículo 1° que “es reglamentaria del artículo 5º, párrafos tercero y cuarto, y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias, estableciendo sus bases y requisitos”.

En ella se afirma también que no todas las actividades profesionales están consideradas en esta regulación, sino sólo aquellas que guarden relación con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas: medicina y ciencias de la salud, arquitectura e ingenierías, derecho y contaduría pública, así como las que en el futuro se determinen.

En razón de lo anterior, las reformas constitucionales producto de esta iniciativa buscarían establecer un mayor control en el ejercicio de aquellas profesiones que, por su naturaleza, adquieren relevancia para el interés público.

Dentro de la exposición de motivos se identifican cinco problemas principales, relacionados con el ejercicio de las profesiones, que justifican los cambios propuestos en la iniciativa, como son: 1) la disparidad académica de los estudios superiores; 2) la necesidad de certificación de conocimientos; 3) la necesidad de control en el desempeño ético; 4) la falta de participación activa de los profesionistas en actividades del Estado y 5) la necesidad de una mayor representatividad de las profesiones y sus miembros para promover mejores condiciones de su ejercicio.

Se justifica implementar una ley general en esta materia por la necesidad de establecer los requerimientos mínimos que deben ser observados en todo el territorio nacional, y por la urgencia de definir y distribuir las competencias entre el Estado y las entidades federativas.

En este sentido, lo que da vida a esta iniciativa de ley es la aparición de un nuevo órgano administrativo denominado “Comisión Interinstitucional de Colegiación y Certificaciones Profesionales”, al cual se le atribuye la función de crear y mantener actualizado el Catálogo General de Actividades Profesionales que serán sujetas a colegiación y certificación obligatorias.

El tema es polémico y se requiere profundizar en el análisis, pues de ser aprobadas estas iniciativas, todos los profesionistas que quieran ejercer actividades incluidas en el catálogo tendrán que contar con un título profesional válido, cédula profesional vigente y constancias de colegiación y certificación obligatorias que avalen el ejercicio competente de sus labores.

Esto significa que serán creados colegios de profesionistas, a los cuales tendrán que afilarse obligatoriamente todos aquellos interesados en seguir ejerciendo su profesión, además de que deberán certificar sus competencias y conocimientos de manera periódica (por lo menos cada 5 años), por medio de entes certificadores.

El término certificación lleva a la definición de cuáles competencias profesionales debe demostrar quien aspira a obtener la cédula profesional, como requisito para el ejercicio libre de una profesión y cuáles serán los parámetros e instrumentos idóneos para evaluarlas.

Las universidades no pueden permanecer ajenas a un tema tan delicado, por lo que deben promover foros de discusión y reflexión, aceptando que los conocimientos en una profesión requieren de actualización permanente, porque la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, y en el caso de esta última, ha cambiado el ejercicio de todas las actividades profesionales.

También conviene afirmar que si alguien estudió hace 20 años e incluso mucho menos, seguramente lo aprendido en la universidad de poco le servirá ahora, y debe demostrar que lo que sabe mediante la experiencia, la formación y capacitación, lo mantiene vigente para brindar servicios profesionales de calidad a cualquier usuario, en bien de la sociedad a la que sirve.

Sin embargo, debemos tener presente que las buenas intenciones de estas iniciativas pueden ser distorsionadas si no se pone especial atención a la reglamentación secundaria y, sobre todo, no podemos pasar por alto la ironía de que el panorama laboral en México se caracteriza por la falta de oportunidades para tener acceso a un trabajo bien remunerado, lo que orilla a un buen porcentaje de los profesionistas a terminar ejerciendo actividades que no tienen relación con su formación académica, por lo que no estarán dispuestos a certificar conocimientos que no ponen en práctica y, además, cubrir los costos derivados de la pertenencia a un colegio de profesionistas que no los representará.

El (des)hábito de la lectura en México. Es tiempo de abrir un libro

El (des)hábito de la lectura en México. Es tiempo de abrir un libro
Por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta UdeG Nº 770

Estimados amigos, quiero hablarles de una actividad que lamentablemente disminuye de manera considerable, una vez que las personas han concluido con sus estudios académicos. Me refiero al hábito de la lectura, que en nuestro país se ha convertido en un problema, ya que en los últimos años, más que aumentar el número de mexicanos lectores de libros, éste ha disminuido en prácticamente 10 por ciento con relación a las cifras obtenidas en la Encuesta Nacional de Lectura 2006. Esto significa que más de la mitad (53.8 por ciento) de la población mexicana no lee ni siquiera un libro al año (1).

En el mismo sentido, la edición 2012 de la citada encuesta reporta que en promedio el 18.8 por ciento del total de la población no ha leído un libro en su vida. Este porcentaje tiene relación directa con el grado de escolaridad, la edad y el ingreso mensual de los encuestados.

La mayor proporción de mexicanos que nunca ha leído un libro aumenta significativamente a partir de los 45 años; la mayoría sin estudios o con primaria como grado máximo de escolaridad,  y con un promedio de ingreso mensual de entre 1 y 4 salarios mínimos.

La mayoría de los mexicanos que no acostumbra leer, argumenta que no lo hace por falta de tiempo, lo que no es verdad, porque prefiere otras actividades recreativas o porque simplemente no le gusta. Es así que mientras el uso de la computadora aumenta y la mayoría  de los mexicanos ve la televisión más de dos horas diarias (2), la mayor proporción de quienes sí leen por iniciativa propia (33.9 por  ciento) apenas lo hacen por 30 minutos o menos al día, sin tomar en cuenta la calidad de información que leen (3).

El problema se agudiza, ya que en nuestro país existen más de 5.4 millones de personas  mayores de 15 años que no saben leer ni escribir (4). Por ello es urgente unir y redoblar esfuerzos para promover y fortalecer el hábito de la lectura en México, por las instancias gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones sociales.

El tema viene al caso porque cada año la Feria Internacional del Libro representa una oportunidad para fomentar el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos, y para recordar a los padres el compromiso implícito que tienen para desarrollar el gusto de la lectura en sus hijos, pues como menciona la socióloga y antropóloga francesa Michèle Petit en su libro Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura (5), “los niños cuya madre les ha contado una historia cada noche, tienen dos veces más posibilidades de convertirse en lectores asiduos que los que prácticamente nunca escucharon una”.

Así pues, en el marco de la FIL 2013, es tiempo de abrir un libro y recordar que a través de la lectura es posible encontrar respuestas a los fenómenos que no comprendemos, viajar a tiempos y lugares desconocidos, adentrarnos en el mundo de la ciencia y la investigación y sobre todo, mantenernos en aprendizaje continuo, para desarrollar nuestras potencialidades como seres humanos y mejorar nuestra calidad de vida.

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1 Consultado en: http://www.educacionyculturaaz.com/wp-content/upl oads/2013/04/ENL_2012.pdf
2 Consultado en: http://www.conaculta.gob.mx/encuesta_nacional/
3 Op. cit.
4 Según el Censo de Población y Vivienda 2010. México, INEGI, 2010.
5 Petit, M. (2003). Nuevos acercamientos a los jóvenes y la le ctura. Fondo de Cultura Económica, México, D. F.

La apropiación de las TIC: un reto para mejorar la calidad educativa

La apropiación de las TIC: un reto para mejorar la calidad educativa
Nota publicada por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta UdeG Nº 759 (Septiembre 2013)

 A pesar de todo lo que se afirma en estos días sobre la calidad de la educación,  en que pareciera que la evaluación del profesorado es la varita mágica que resolverá todos los problemas que aquejan al sector, los ciudadanos debemos reflexionar sobre un tema polémico, que por ese motivo tiene que ser analizado desde todas las perspectivas posibles y no sólo desde el punto de vista de quienes ahora se oponen a las reformas.

Si bien es difícil estar de acuerdo con protestas que trastocan la vida de las ciudades y del país, y que afectan severamente el  interés superior de los niños al colocar por encima de éste los supuestos derechos laborales de los profesores, lo cierto es que poner el foco solamente en los conflictos inmediatos, hace perder de vista lo que está de fondo y es fundamental para el futuro de la educación básica y media superior.

La frase “evaluar para mejorar” ha sido la premisa de los procesos de gestión de la calidad, pero esa evaluación no debe circunscribirse únicamente al desempeño de los docentes.  Claro que su papel es esencial para el logro de aprendizajes pertinentes en sus estudiantes, pero su éxito depende también de un entorno propicio para el estudio. Entre otros muchos factores están la actualización constante de todo el personal, no sólo de los profesores, la infraestructura, el equipamiento y, en especial, la motivación que se deriva del reconocimiento al trabajo docente, al talento y la capacidad, mediante salarios dignos y valoración social de esa labor.

Dentro de un entorno propicio para aprender, se encuentra un elemento que representa un reto para todas las instituciones educativas.  Me refiero a la disponibilidad y proceso de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como una herramienta para mejorar la calidad educativa en nuestro país y con ello el desarrollo presente y futuro de los estudiantes.

Hoy quien quiere comunicarse, encontrar las últimas novedades del conocimiento, aprender cosas nuevas o trabajar con mayor eficiencia, tiene que recurrir a las TIC. Por eso se dice que nos hemos convertido en la sociedad de la información, ya que gracias a la tecnología tenemos acceso casi a cualquier tópico que nos interese. Los recursos disponibles van desde la TV, el radio, la computadora y el internet, hasta el software más sofisticado y las aplicaciones novedosas, que facilitan el análisis de la información y la producción de nuevos conocimientos.

Su aplicación en la educación se ha convertido en una exigencia, por las condiciones sociales y laborales que demandan la formación de personas cada vez más capacitadas para realizar actividades basadas en la tecnología. El cómo aprovechar las TIC y potencializar su aplicación, se ha convertido en un desafío para los responsables de formular las políticas educativas, porque además representan una oportunidad para incrementar la cobertura y democratizar el acceso y uso de la información, la que no puede ser desaprovechada.

El desafío implica atender dos cuestiones básicas: por un lado la disponibilidad de los equipos y la accesibilidad a internet, y por el otro el proceso de apropiación de la tecnología, que en mucho depende de la primera cuestión. A nivel escolar se agrega el problema de contar con maestros competentes en el uso de las TIC, que sean capaces de integrarlas como instrumento pedagógico para facilitar, dinamizar y beneficiar el aprendizaje de los alumnos, para que éstos a su vez desarrollen las competencias tecnológicas que les permitirán ingresar con mayor valor al siguiente nivel educativo, al mercado laboral o a mejorar sus niveles de bienestar y desarrollo humano.

En México son los grupos de población con altos ingresos los que tienen el mayor acceso al uso de las TIC, mientras que la brecha digital se hace más grande en zonas vulnerables por el  contexto social, económico y geográfico. A pesar de que el acceso a internet ha sido catalogado por la ONU como un derecho humano desde 2011, en nuestro país solo el 45 por ciento (1) de los mexicanos tiene acceso a este servicio, lo que dificulta el proceso de apropiación tecnológica para toda la población.

Sin accesibilidad para todos, no será posible integrar las TIC a la educación y formar para un mundo globalizado, y claro que esto incide en el desempeño de los docentes y en la eficiencia de sus resultados.

La calidad de la educación seguirá siendo tema y motivo de debate,  pero ¿no cree usted que el análisis debe ser más amplio que sólo sobre la Ley de servicio profesional docente?

1. Información presentada por la Asociación Mexicana de Internet. Disponible en: http://www.amipci.org.mx/?editomultimediafile&Multimedia=348&Type=1

La equidad de género en la educación media superior y superior

La equidad de género en la educación media superior y superior
Nota publicada por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta UdeG Nº 756 (Agosto 2013)

El inicio de un nuevo ciclo escolar brinda un momento oportuno para reflexionar sobre lo que ocurre con la capacidad del sistema educativo para albergar a todos aquellos que quieren realizar estudios en el nivel medio superior y superior, tema que forma parte de la preocupación permanente de la sociedad en general y de la Universidad de Guadalajara en particular. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria (que actualmente abarca preescolar, primaria, secundaria y la media superior), lo cierto es que  falta camino por recorrer para cumplir con el precepto constitucional.

Como lo reporta la SEP, cubrir al cien por ciento la demanda de la educación básica es una meta prácticamente lograda, lo cual significa que ahora los esfuerzos, las estrategias y  los recursos deberán ser enfocados a incrementar los lugares disponibles en los siguientes niveles educativos, tanto para los jóvenes que buscan  una oportunidad para continuar su formación al egresar de la secundaria, como para aquellos que en su momento  no contaron con la posibilidad de cursar el bachillerato o los estudios universitarios y desean hacerlo.

De acuerdo con la estadística publicada por la SEP1, en la educación básica están inscritos 25 millones 782 mil alumnos, con una  matrícula prácticamente paritaria entre los géneros (50.8 por ciento hombres y 49.2 por ciento mujeres); con relación a las cifras del nivel medio superior se reportan cuatro millones 333 mil, de los cuales el 49.5 por ciento son hombres y el 50.5 por ciento,  mujeres. En cuanto al nivel superior, la matrícula total asciende a los 3.2 millones de alumnos, entre los cuales también se aprecia una estrecha cercanía en la  distribución, ya que el 50.4 por ciento son hombres mientras que el 49.6 por ciento, mujeres.

En el caso de Jalisco, la misma SEP reporta que alrededor de 265 mil estudiantes cursan alguna de las distintas modalidades existentes en el nivel medio superior. De éstos, el mayor porcentaje de la matrícula  corresponde a las mujeres con un 52 por ciento, mientras que los varones ocupan el 48 por ciento del registro total. En la educación superior las cifras se emparejan, ya que de los más de 200 mil estudiantes inscritos en este nivel, 50.3 por ciento son hombres y 49.7 ciento, mujeres.

Como puede observarse, existe equivalencia en las cifras existentes para los géneros masculino y femenino, lo que para nuestro país es una clara muestra de que al menos en la igualdad de oportunidades para tener acceso a la educación, sí ha existido una evolución positiva, en correspondencia con la tendencia internacional evidenciada en el Atlas mundial de la igualdad de género en la educación2, que reporta que en los últimos 40 años el número de mujeres matriculadas en centros de estudios superiores se ha incrementado casi al doble, en comparación con el de los varones. Si bien hay avances evidentes desde la perspectiva de género, no ocurre  lo mismo con la cobertura global para los niveles educativos superiores, ya que en cuanto al bachillerato, o sus equivalentes, sólo se ha incrementado para llegar al 69 por ciento, y a menos del 30 por ciento en el nivel superior en el ámbito nacional; en cambio, para el nivel básico (primaria y secundaria) dicha cobertura es prácticamente universal.

Es fácil observar que existe un cuello de botella que tendrá que ser modificado si queremos cumplir con el mandato constitucional de ofrecer educación del tipo medio superior para todos los jóvenes mexicanos.

En conclusión: es posible afirmar que nuestro país ha superado la barrera que impedía, hace algunas décadas, el libre y equitativo acceso de las mujeres a los estudios superiores, pero al mismo tiempo se pone en evidencia el largo camino que falta por recorrer para que el cien por ciento de los jóvenes puedan ver en la educación la vía de desarrollo y prosperidad que tanto se presume en el discurso político.

Educar contra el uso y abuso de drogas

Educar contra el uso y abuso de drogas
Nota publicada por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta UdeG Nº 751 (Julio 2013)

En 1987, la Asamblea General de la Organización  de las Naciones Unidas (ONU), decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito  de drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas1.

La ONU expresa en su comunicado con motivo de este día, “que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad. Por ello, las drogas están, y deben seguir estando, controladas”2.

El uso y abuso de las sustancias psicoactivas que provocan efectos específicos de alteración de las sensaciones, las emociones y la conducta, ocasionan graves daños en los individuos y las sociedades y se consideran uno de los problemas más comunes y costosos de la sociedad actual, por lo que los países redoblan sus esfuerzos conjuntos para atenderlo, ya que deviene en severos daños a la salud y el bienestar, en especial de los niños y jóvenes, y su producción y distribución amenaza la estabilidad y seguridad de las naciones.

El uso o consumo de drogas remite a considerar un conjunto de conductas que van desde probar ocasionalmente una sustancia psicoactiva al uso compulsivo de la misma, pudiendo el sujeto tener o no conductas asociadas y con efectos adversos.

El Centro de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Texas, menciona en un artículo de divulgación que “el abuso de drogas alude al uso de cualquier sustancia psicoactiva en una forma que se desvía de los patrones médicos o sociales aprobados en el  marco de una cultura dada. Implica la noción de desaprobación social, es decir, es la sociedad en que un individuo se halla, la que legitimará los niveles aceptados de consumo de una sustancia determinada.”3

Estudios científicos han comprobado que la etapa vital de mayor riesgo es la adolescencia, en la que existe una tendencia a experimentar y un cuestionamiento constante de la autoridad, factores que conjugados facilitan el acercamiento a las drogas.

Cuando se es dependiente de alguna sustancia, la familia, el trabajo, la escuela y los demás aspectos de la vida normal se ven seriamente afectados, pues pasan a segundo término y lo más importante pasa a ser el conseguir y consumir la droga.

Prácticamente todo el mundo ha tenido o tendrá que tomar decisiones con respecto al uso o abuso de drogas, cualquiera que sea la forma en que éstas toquen nuestras vidas. La  educación es el primer, y el más importante paso necesario para tomar la decisión acertada4. Las acciones de información y prevención son las que pueden brindar mayores resultados para evitar el uso y la posterior adicción.

El papel de la familia y la escuela es fundamental para guiar a los niños y adolescentes hacia un futuro libre de adicciones, mediante el conocimiento pleno de las consecuencias  que tiene el abuso de las drogas. Por desgracia, la fácil accesibilidad a las sustancias psicoactivas, la presión de los compañeros de escuela o diversión y la atracción de los efectos físicos que éstas causan, pueden hacer caer en el uso y abuso de las drogas.

Otros factores de riesgo potencial incluyen las influencias del ambiente (internet, redes sociales, entre otras), la descomposición del medio familiar y social, algunas enfermedades mentales o emocionales y, por supuesto, la exaltación cotidiana en los medios masivos de comunicación de la satisfacción inmediata y el placer fácil, en lugar de la cultura del esfuerzo y la dedicación a un objetivo o ideal.

Aprovechemos el recordatorio que nos hace el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, de la ONU, para hacer una reflexión profunda sobre este grave problema y tomemos una posición activa y comprometida, que ayude a eliminar uno de los cánceres más agresivos de las sociedades modernas y potencial destructor del futuro de los niños y jóvenes del planeta.

1http://www.un.org/es/events/drugabuseday/consultado el 25 de junio de 2013.
2Op cit
3http://www.psico-web.com/psicologia/ uso_abuso.htm consultado el 25 de junio de 2013.
4http://www.uth.tmc.edu/uth_orgs/hcpc/ spanish_substanceabuse.htm

La esclavitud sin cadenas

La esclavitud sin cadenas
Nota publicada por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta UdeG Nº 750 (Julio 2013)

En esta ocasión trataré una situación que sin lugar a dudas pone en evidencia el grave problema al que se enfrentan millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y que, forzados por la necesidad de proveer de alimento a sus familias, año con año se emplean como jornaleros agrícolas y emigran a las diferentes zonas del país que tienen como principal actividad económica la agricultura.

Como los define el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo, “los jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas… únicamente en determinadas épocas del año”.

Dentro de la misma ley, el artículo 283 menciona las obligaciones especiales que tienen los patrones hacia los jornaleros, entre las que se encuentran, por ejemplo: pagarles en períodos de tiempo que no excedan de una semana, suministrarles gratuitamente, tanto a ellos como a sus familias, habitaciones adecuadas e higiénicas, transporte cómodo y seguro, asistencia médica, servicios de guardería, etcétera.

El tema cobra relevancia para la opinión pública, por la reciente liberación de 275 jornaleros agrícolas que se enfrentaban a un panorama distinto al que prevé la ley. Literalmente se encontraban en condiciones de esclavitud y explotación laboral, por la empresa agroindustrial Bioparques de Occidente, ubicada en el municipio de Tolimán, Jalisco. Este hecho debiera ser inadmisible para las autoridades, sin embargo, el cinismo se hace presente cuando dieron a conocer que la empresa está certificada como “empresa socialmente responsable” y que en los últimos dos años recibió apoyos federales y estatales por más de 10 millones de pesos.

En Jalisco se estima que el número de migrantes en el transcurso del período agrícola asciende hasta los 15 mil jornaleros, entre hombres, mujeres y lo más delicado del problema, niños que se ven explotados bajo las mismas condiciones y que según el Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y los niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas., patrocinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), representan alrededor del 30 por ciento de esta población.

Conviene señalar que la encuesta nacional jornalera de 2009, informa que de 9.2 millones de jornaleros en México, dos millones son temporales y que tres de cada cinco jornaleros que emigran, provienen de municipios de muy alta marginación, principalmente indígenas. Aunado a lo anterior, la Sedesol refiere que el 50 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años miembros de familias jornaleras, no asisten a la escuela.

Lamentablemente el problema de los jornaleros agrícolas, que en su mayoría provienen de comunidades indígenas, es una de las caras más dramáticas de la pobreza que enfrenta nuestro país, y que nuestra carta magna refiere en su artículo 2⁰, inciso B, fracción VIII: “La Federación, los Estados y los Municipios… deberán establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas”, cosa que en realidad no está ocurriendo, pues el problema sigue vigente y más allá de disminuir, cada año aumenta el número de migrantes que en la búsqueda de mejores condiciones de vida, se encuentran con el abuso de las empresas que explotan su mano de obra a cambio de miserables salarios y condiciones sociales que van de regulares a pésimas.

Es evidente la urgencia de crear una estrategia integral que promueva mejores oportunidades de desarrollo social y laboral para todos los  mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza, particularmente para los niños, que requieren una opción de futuro distinta de la que tienen en este momento y que mantiene a nuestro país en un círculo vicioso que no reduce la brecha económica y la inequidad que lo tiene dividido.

La reforma educativa del 2013, ¿nuevo baluarte de la meritocracia en México?

La reforma educativa del 2013, ¿nuevo baluarte de la meritocracia en México?
Nota publicada por Ruth Padilla Muñoz en la Gaceta de la UdeG año 11 ed. 739 (Abril 2013)

El planteamiento de la reforma educativa, que entró en vigor el pasado mes de febrero, acerca de un sistema político meritocrático, donde se accede a los puestos docentes y directivos de los planteles mediante los méritos laborales, intelectuales y escolares, abona a un discurso donde se establecen amplias pautas para orientar a la educación en México hacia la calidad. Lo anterior se ve reforzado por el eje del futuro Plan Nacional de Desarrollo: México con Educación de Calidad para Todos, cuyo Foro Nacional de Consulta se realizó el pasado 3 de abril en Boca del Río, Veracruz.

El discurso es positivo, la finalidad que persigue es loable, se abrió la posibilidad de lograr el fin a alcanzar mediante el cambio constitucional, pero todo ello no es suficiente para modificar el sistema educativo mexicano si no se realizan acciones inmediatas que concreten los transformaciones propuestas, porque no es con el manejo impecable de los medios como se modifica la realidad.

Aunque las discrepancias ante la reforma educativa no se han hecho esperar, hay que analizar en qué consiste y cuáles son los alcances para la sociedad y para el mismo sistema educativo, donde los docentes, como actores cruciales, estarán viendo modificados sus procesos de estímulos y promoción, tanto horizontal como verticalmente, afectando las estructuras piramidales tradicionales con  las nuevas condiciones, criterios y términos (cito) “ … de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicios profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.” Esto de acuerdo al decreto de reforma al Artículo 3°, fracción III, que entró en vigor el 26 de febrero, reformando también el Artículo 73 para armonizarlo con el objetivo de establecer el Servicio Profesional Docente y lograr una mejora continua de la educación “en un marco de inclusión y diversidad”.

Así, al menos en el papel, se sientan las bases para la calidad educativa, “con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”1, pero vamos, hay que reconocer que no solamente de buenos docentes se nutre la educación de calidad, aun cuando se reconoce que la responsabilidad que recae en ellos es mayor, por el giro progresivo que se ha dado a su rol en los modelos educativos, que exige nuevas competencias y una actitud renovada y dispuesta al cambio.

Más aún, la creación misma de un sistema de indicadores no promoverá por sí mismo la calidad educativa.  Tenemos el ejemplo del Programa de Carrera Magisterial, que desde 1993 ha llevado en dos décadas de operación a preservar vicios e inequidad al interior del magisterio, porque más allá de consolidar un sistema de evaluación constante, fortaleció la acumulación de constancias de cursos inverosímiles, alejados de la realidad que realmente demanda el trabajo en el aula y del logro del perfil requerido para un docente, cuando no la negociación de documentos apócrifos al acreditar actividades que nunca se realizaron en la práctica.

Volviendo al decreto, también se estipula la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El presidente de la república, de acuerdo a lo estipulado en la reforma,  deberá enviar al poder legislativo a más tardar el 26 de abril las ternas para elegir a los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y teniendo en la memoria reciente cómo se ha dado la integración de otros organismos públicos autónomos, ojalá no obedezca a cuotas partidistas, sino a perfiles necesarios. Asimismo, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto, así como las reformas a la Ley General de la Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses, a partir de la publicación del decreto, por lo cual debemos estar atentos a qué propuestas presentan nuestros legisladores.

El logro de la calidad en la educación para cualquier país implica tener la capacidad para integrar armónica y diferencialmente los distintos componentes y actores involucrados en toda acción educativa. El sistema educativo mexicano, con  actores institucionales tan enraizados en prácticas corporativas como son los mismos sindicatos, así como los poderes informales en varias entidades federativas, obligan a las autoridades de los distintos niveles a la negociación e integración de propuestas certeras, para que la calidad no esté sujeta a los chantajes de los grupos de presión que demandan beneficios sin aportar propuestas y exigen prebendas, sin cumplir con la obligación adquirida al aceptar un contrato como docentes en cualquier nivel educativo: proporcionar a los educandos educación de calidad.