Los retos de la educación

Los retos de la educación
Por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 791

Nunca como en este momento de la historia había sido tan importante invertir en la educación superior. Para el 2025 la demanda de los aspirantes ascenderá a 250 millones de jóvenes a nivel mundial, es decir, 70 millones más que en la actualidad. En la mayoría de los países, incluido México, la demanda de educación crecerá mucho más aceleradamente que la capacidad de los gobiernos para absorberla.

Por ello, el financiamiento, la calidad y la pertinencia son los grandes retos de la educación superior para las próximas décadas. Estos tres desafíos fueron abordados a detalle durante tres días en que el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) fue sede de la Cátedra Nacional Cumex “Agustín Reyes Ponce” de contabilidad y administración, y que este año fue enfocada a la gestión de recursos en las instituciones de educación superior.

El problema parece sencillo al plantearlo, pero complicado de resolver.  Para lograr un mayor desarrollo social, se requiere que más jóvenes accedan a las instituciones de educación superior. Pero no sólo hay que ampliar la matrícula, sino lograr una educación con calidad y pertinencia. Es decir, que el conocimiento sea de utilidad para transformar la realidad y se dejen de lado las carreras tradicionales ya saturadas, que sólo producen egresados subempleados.

Con estas premisas, se vuelve fundamental la gestión de los recursos, porque el actual sistema fiscal ya no alcanza para cubrir las necesidades de una creciente demanda.

En el Plan Nacional de Desarrollo, la meta de cobertura para el 2018 es del  40 por ciento; es decir cinco millones 200 mil estudiantes, lo cual representa un millón 250 mil más alumnos y un aumento presupuestal de 60 mil millones.

“Esto es un 60 por ciento de aumento sobre el presupuesto que actualmente se destina a la educación superior, un incremento sostenido anual de 12 mil millones de pesos. Pareciera que la meta de 40 por ciento es fácil, pero si la ponemos en números es complicada y no vemos políticas ni vemos cuál es la estrategia para lograrla”, consideró Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador de la IX Cátedra Nacional Cumex.

Por su parte, el Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, reflexionó sobre la necesidad de ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior, y dijo que para alcanzar la meta de 40 por ciento de cobertura, las universidades requieren desarrollar y aplicar efectivas políticas públicas de financiamiento y promoción de la educación superior.

“A pesar del incremento de la matrícula en educación superior pública, sólo 9 por ciento de los mexicanos accede a este nivel educativo. Lo preocupante es que México se encuentra entre los países con una mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan; es decir, alrededor de 24 por ciento de mexicanos entre 15 y 29 años”, explicó.

Y no sólo eso. Otro problema es la deserción. Aunque se gradúan más alumnos, la cifra no corresponde con el aumento de la matrícula, pues la tasa de titulados está ubicada entre un 54 y 55 por ciento, afirmó Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“En el mejor de los casos se titula un 60 por ciento. Si lográramos que todos los alumnos que ingresan a las universidades se gradúen y titulen, el país ahorraría 50 por ciento de gasto y podría tener el doble de alumnos”, indicó.

Y añadió: “Los estudiantes no ven la relación que tiene lo que están aprendiendo con la vida, ni cómo les ayudará a tener un mejor empleo, entonces abandonan los estudios, a veces de golpe, otras paulatinamente. Esto ocurre desde el nivel medio superior”.

Un modelo agotado

De acuerdo con las cifras que se dieron a conocer durante la Cátedra Cumex, el modelo de financiamiento para la educación superior presenta grandes contradicciones estructurales. México es de los países latinoamericanos que tiene más cobertura en su sistema público. En éste se encuentra el 70 por ciento de los estudiantes de educación superior, pero en contraparte México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con menos recaudación fiscal, que —quitando la renta petrolera— sólo es el 10 por ciento, por debajo de varios países de América Latina.

“Esta contradicción de una gran matrícula pública y bajos ingresos fiscales no se puede sostener en el mediano y largo plazo”, consideró Moreno Arellano.

La calidad es otro gran reto. Pero el modelo para su aseguramiento, que en México data de los años 90, también da signos de agotamiento.

En el país, 30 de 34 universidades públicas estatales alcanzaron 80 por ciento o más de su matrícula cursando programas reconocidos por su calidad a nivel nacional, y 32 de las 34 universidades públicas tienen al 80 por ciento de sus profesores de tiempo completo con posgrado.

“Pero no tenemos suficiente información de lo que sucede en el aula de clase. Es una realidad. (…) Urge pasar a un modelo de indicadores de segunda generación, más enfocados a las practicas sustantivas de enseñanza y aprendizaje  en las universidades”, puntualizó Moreno Arellano.

El declive de las remesas

El declive de las remesas
Por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 769

A pesar de que México experimenta un descenso en el flujo de remesas, de acuerdo con varios organismos financieros, estos envíos de dinero son fundamentales para el desarrollo de varias regiones donde hay familias que no tendrían otra salida para subsistir económicamente si no fuera por los dólares que les manda el padre de familia o el hermano mayor, que vive y trabaja en Estados Unidos.

De acuerdo a estadísticas del Banco Mundial, las remesas que recibe México han descendido casi 30 por ciento en los últimos seis años.

En 2007, se alcanzó el máximo histórico con más de 27 mil millones de dólares, pero en 2013 las remesas apenas rondaron los 22 mil millones de dólares.

En este contexto resulta pertinente analizar el fenómeno con especialistas en la materia, en el Tercer foro internacional sobre migración  y desarrollo, incluido en el  programa académico de la FIL, queeste año precisamente gira en torno al tópico de las remesas. “El tema de la migración se ha vuelto fundamental no sólo para nuestro país, sino para todo el mundo. Los índices de movilidad de la población ya son altos.

En este mundo global ha adquirido importancia no sólo para la nación receptora, sino también para el expulsor y las remesas se han vuelto factor de desarrollo”, explica José Juan Domínguez Rubio, quien forma parte del comité organizador de este foro.

De acuerdo con el especialista, las remesas contribuyen a la inclusión financiera y social de hogares en pobreza en todo el mundo, mitigando la vulnerabilidad y contribuyendo al crecimiento económico de los países. Por ello, tanto gobiernos como bancos internacionales y organismos crediticios, consideran a  las remesas como fuente de financiamiento para el desarrollo económico, sobre todo en poblaciones donde la pobreza endémica es la razón principal de la emigración al extranjero. “Antes el dinero llegaba adentro de un sobre al receptor. Incluso en una carta a la familia del migrante. Ahora los money orders o los organismos crediticios o instrumentos financieros, permiten que se haga el traslado de ese capital y es medible y se puede conocer la preponderancia de este fenómeno económico y su incidencia en las poblaciones”.

El foro dentro de FIL, en particular explora estas dimensiones de la migración. La migración adquiere un valor importantísimo para nuestra nación, por la cantidad de remesas que recibe. “Nuestro país es  uno de los más grandes expulsores de migrantes en el mundo”, añade Domínguez. Esta es la tercera edición del foro, organizado desde 2011 por la doctora Leticia Leal Moya, cuando era directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED). Hoy como rectora del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), continúa encabezando este esfuerzo académico.

Las cifras

 

No sólo el Banco Mundial ha reportado descensos en la captación de remesas para nuestro país. También el Banco de México reportó para el segundo trimestre de 2013 un declive del 9 por ciento, en comparación con el mismo período del año anterior. El mismo instituto central reportó que el valor promedio por cada remesa es de 296 dólares. Además, el director general de Western Union en México, Luis Felipe Rodríguez, declaró a medios especializados en julio pasado, que “se tienen cinco meses consecutivos con disminución”. México, con sus 22 mil millones de dólares, ya fue desplazado al cuarto lugar entre los países receptores de remesas en el ámbito mundial, superado por Filipinas, con 24 mil 500 millones; China, con 26 mil millones e India, con 69 mil 300 millones, según datos del mismo Banco Mundial.

A pesar de ello, México es un referente del fenómeno en el mundo, pues concentra el 40 por ciento de estas transferencias entre los países latinoamericanos, de acuerdo al prestigiado Centro Pew, que se dedica a hacer investigaciones sobre temas económicos de migración. “Este es un tópico fundamental hoy para todos los estudiosos de las relaciones internacionales, para los que estudian ciencias políticas, los que están metidos en temas de desarrollo local, regional, diseñan políticas públicas o quienes estudian economía y finanzas. Es un tema que no se pueden perder y la entrada es totalmente gratuita”, concluye Domínguez Rubio.

Evadir la filantropía

Evadir la filantropía
Por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 768

La práctica de evadir impuestos por medio de donativos simulados motivó al gobierno federal a limitar estas disposiciones fiscales para 2014 y, por culpa de quienes hicieron mal uso de la deducibilidad, las asociaciones caritativas, las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones se verán afectadas.

Así lo afirma el académico de la Universidad de Guadalajara, Martín Jaime Peña Guerrero, adscrito al Departamento de Impuestos, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, quien detalla que la reforma limita la deducibilidad de los donativos, aun y cuando sean expedidos comprobantes con requisitos fiscales o que sean donatarias autorizadas. Ahora las personas físicas sólo podrán deducir dos salarios mínimos anuales (más de 48 mil pesos) y se mantiene el siete por ciento de las utilidades fiscales para las personas físicas, pero las donaciones a entidades estatales son reducidas al cuatro por ciento.

“Por lo tanto, si no tienen utilidades, no se puede deducir nada. Entonces no tendría sentido para muchos”, enfatiza el especialista. Se calcula que serán siete mil organizaciones donatarias autorizadas las que resultarán afectadas.

Peña Guerrero explica que por causa de unos, terminarán por perder todos: “Parece que la autoridad detectó esos señalamientos en la página de internet del SAT, por una práctica fiscal indebida. Esto es a través de las fundaciones, que eran donatarias autorizadas, que expedían comprobantes, pero no recibían  esa cantidad de dinero, sino simplemente era una simulación. Eso hizo que la autoridad se pusiera más estricta en las acreditaciones a las donatarias autorizadas. Las donatarias se vieron afectadas todas por algunas que hicieron mal uso de la disposición”.

El especialista pondera que, de por sí, en México la donación institucional aún no alcanza el tamaño que hay en otros países, y con este tipo de disposiciones fiscales habrá un retroceso. De acuerdo al Centro de Filantropía de la Universidad de Indiana, en México los donativos alcanzan apenas el 0.04 por ciento del producto interno bruto (PIB), por debajo del promedio global de 0.37 por ciento y de 0.23 por ciento en América Latina.

Otro aspecto tiene que ver con la desconfianza a donar. De acuerdo a un estudio de 2010, realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo (ITAM), el 43 por ciento de los mexicanos no lo hace porque cree que el dinero no será destinado a lo que se pregona, o temen que usen su dinero para jinetearlo y las grandes empresas puedan evadir impuestos.

“Si a las organizaciones de filantropía les costaba trabajo conseguir donativos, aun pudiendo entregar comprobantes, ahora se les va a hacer más complicado hacerse de recursos. Tendrán que buscarlos con el gobierno, desgraciadamente, por la tramitología que existe”.

Varias asociaciones de asistencia, como el Centro Mexicano para la Filantropía y la Coordinación Nacional de Juntas de  Asistencia Privada, han mostrado en varios foros su rechazo a las medidas. Entre las fundaciones y organismos que se han pronunciado en contra, están Save the Children México, Fundación Expo Guadalajara, Hábitat para la Humanidad, Fundación Educa México, entre otras.

“A las donatarias no les espera un panorama halagador, porque tendrán que trabajar más para hacerse de recursos. Lógicamente pidiendo a quien ellos puedan pedir, al público, a las empresas, a las personas físicas, a las instituciones de gobierno”, señala Peña Guerrero.

También las fundaciones se verán golpeadas: “Están autorizadas y vigentes y son donatarias autorizadas. El problema es que de donde reciben recursos las fundaciones, es decir, de sus propias empresas, como Telmex o Banamex, porque esas empresas hacen deducibles esas donaciones, el próximo año no serán deducibles, estarán limitadas”.

El especialista concluyó: “Hago un llamado a nuestros diputados para que analicen este tipo de situaciones y otras que vienen en la reforma, para corregirlas, porque van a afectar la economía y van a afectar a quien de buena fe hace este tipo de donaciones. Está bien que le quieran cobrar a quien más gana, pero creo que hay formas, y hay otras maneras con otros impuestos que serían más sencillos y harían que todos pagáramos, como el impuesto al consumo”.

Golpe al sector primario

Golpe al sector primario
Por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 761

La propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal ha causado molestia en agricultores y ganaderos, por lo que consideran un golpe directo al sector primario. La desaparición de regímenes especiales para el campo y de deducciones en maquinaria, y la creación de un impuesto a plaguicidas, han puesto a temblar a los dedicados al campo, en su mayoría de los Altos de Jalisco y que basan su actividad en el cultivo de maíz o agave, o en la producción de leche y carne de cerdo.

Al desaparecer el esquema de facilidades y deducciones fiscales que beneficiaban a los productores, la afectación será  contundente al gravarles el 30 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR). Jalisco será de los más golpeados, ya que ocupa el primer lugar en producción de  maíz forrajero de temporal, y el segundo en maíz de grano, caña de azúcar y sandía.

En ganadería es primer lugar en producción de huevo y carne de cerdo, además de segundo lugar en carne bovina y carne de aves. En leche es el primer lugar, puesto que aporta el 18 por  ciento de la producción nacional. “Las autoridades deben detener las importaciones de carne de mala calidad y frenar las fórmulas lácteas que se hacen pasar por leche. Debe haber apoyos reales.

Pagamos mucho en gasolina, diesel, medicamentos y alimentos para los animales, pero ahora quieren cargarle más impuestos a quien produzca 230 litros diarios”, indica José Refugio Muñoz Pérez, líder del Foro Ganadero Regional de Jalisco y originario del municipio de San Julián. Jorge Meza Oliva, académico adscrito al Departamento de Estudios Organizacionales, del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), recuerda que el régimen especial que desaparecería con la reforma, es importante para la zona, por la cantidad elevada de productores y la naturaleza de esta actividad como sostén económico de miles de familias. “La importancia del régimen obedeció a un subsidio que otorgó el gobierno federal. Consistió en la disminución a la base gravable y la reducción al impuesto sobre la renta en un porcentaje del 30 por ciento, vigente hasta el ejercicio de 2013”.

El catedrático añade que desafortunadamente el sector primario ha sido el más castigado desde hace varios años, por lo que considera que la política económica aplicada por los gobiernos no debe fundamentarse en disminuir la base de la contribución.

“Los subsidios deben aprobarse de manera monetaria o vía disminución en los precios de los insumos agrícolas, y gestionar un control en los precios de los productos del campo, sin intermediación de comercializadores, que al final del día son los más beneficiados”.

Sector agropecuario: motor económico

La actividad del sector primario es uno de los pilares de la entidad. El monitor agroeconómico de Jalisco, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación (Sagarpa), y cuya versión más reciente en el portal electrónico de la dependencia  está fechado en noviembre de 2011, desmenuza la producción anual promedio de los principales cultivos.

Ese documento reporta seis millones de toneladas de caña de azúcar y tres millones de toneladas de maíz de grano, aunque se espera que este año Jalisco arrebate el liderazgo nacional a  Sinaloa, con cerca de tres millones 800 mil toneladas. Calcula que en Jalisco hay 12 mil 500 productores de maíz, repartidos en 85 municipios. Otro cultivo que será afectado por la desaparición de regímenes especiales, es el agave, del cual se producen anualmente casi un millón  de toneladas.

Además en Jalisco recientemente han proliferado los cultivos de bayas, mejor conocidos con el término anglosajón de berries y que abarcan un extensión de 600 hectáreas.  “En el caso del maíz y el agave, el panorama que se aproxima es que pagarán impuestos, por la propuesta de la reforma fiscal hacendaria, por los rumores de que aprobarán un 99 por ciento de lo que propone el Ejecutivo Federal”, indica Meza Oliva.

En cuanto a los plaguicidas, gravarlos se traduce en una afectación directa a los productores, pues se prevé un impuesto que oscilará entre el 6 y el 8 por ciento, dependiendo de la  toxicidad de los plaguicidas, insumo en el que cada productor invierte aproximadamente mil pesos por hectárea, pues es la única forma de evitar la aparición de plagas como el gusano cogollero y los chapulines que arruinan la planta del maíz.

Al aumentar el precio del grano, también habrá un menoscabo entre los ganaderos.

El dilema del voto en el extranjero

El dilema del voto en el extranjero
Por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 761

A pesar de las recientes críticas de actores políticos en el ámbito nacional y de antecedentes poco exitosos en Michoacán, el Congreso de Jalisco estudia la posibilidad  de permitir a migrantes jaliscienses que voten desde Estados Unidos en las elecciones para gobernador. Si bien la idea emociona a muchos coterráneos que radican en el  extranjero, los altos costos y los bajos niveles de participación parecen un obstáculo para que la medida prospere.

El tema del voto de mexicanos en el extranjero se ha puesto de moda en los últimos días por la discusión que generó el pasado 18 de septiembre la presentación del libro El voto de los mexicanos en el extranjero. Antecedentes, reflexiones y una mirada hacia el futuro, de la autoría de Francisco Javier Guerrero Aguirre, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE). Ante el engorroso modelo que persiste, Guerrero Aguirre calificó  de “despilfarro inadmisible” el voto desde el extranjero, pues en 2012 fueron invertidos 200 millones y sólo participaron 40 mil mexicanos que radican en otros países. Es decir, cada sufragio costó alrededor de 40 dólares.

El diputado local Gildardo Guerrero Torres presentó una iniciativa el 22 de agosto para modificar el Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y permitir el voto por correo tradicional para los migrantes. Se calcula que hay un millón 400 mil jaliscienses en la Unión Americana. Tal iniciativa es una respuesta a la petición que hizo el 13 de junio pasado Sergio Suárez, presidente del Consejo Nacional de Federaciones Jaliscienses (Confedejal).

El primer antecedente de elecciones estatales en el extranjero comenzó a gestarse en 2003, en Michoacán, recuerda en entrevista con La gaceta, Jorge Antonio Hernández Velázquez, catedrático de gobierno y política exterior, del Departamento de Estudios Internacionales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

El entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, envió al Congreso de aquel estado una iniciativa para extender los derechos políticos de los michoacanos en el exterior. La propuesta estuvo congelada y la retomó la LXX Legislatura (2005).

Fue implementada hasta las elecciones de 2007. “Alrededor de 2.5 millones de michoacanos radican en Estados Unidos, por lo que el potencial de beneficiarios podía ser elevado. Sin embargo, apenas 164 mil michoacanos migrantes contaba con credencial para votar en aquella elección de 2007. En términos reales, lo que pasó fue que 349 michoacanos votaron en ese proceso desde el exterior. En 2011 las cifras fueron similares: 341 votos, es decir, 8 menos que en 2007”,  recuerda Hernández Velázquez.

El especialista añade: “Con este antecedente podríamos pensar que el número de los potenciales beneficiarios de una iniciativa para garantizar los derechos a la participación  en las elecciones de los jaliscienses desde el exterior sería elevado, pero quizás, al igual que en el caso michoacano, esta cifra se reduzca al momento de filtrar sólo a quienes poseen una credencial para votar. En la práctica, las votaciones de los jaliscienses desde el exterior podrían ser poco significativas, como lo fueron en Michoacán”.

Un añejo reclamo

En entrevista con el reportero durante una visita a Guadalajara en junio pasado, Sergio Suárez, originario de Juanacatlán y quien radica en Chicago, sostuvo que el derecho a votar desde el extranjero es una añeja ilusión de los jaliscienses. Dijo que los migrantes quieren participar, pero no pueden venir a México y permanecer un mes para tramitar y esperar a que la credencial esté lista. “Durante mucho tiempo hemos buscado esto. Hay que tomar en cuenta que muchos jaliscienses no pueden venir a México a tramitar la credencial. Por eso pedimos que el IFE instale módulos en los consulados para poder sacarla”, afirma Suárez, quien encabeza una confederación que aglutina a migrantes  de California, Illinois, Nebraska, Florida, Texas y Arizona, entre otros estados.

Para Hernández Velázquez el hecho de que los migrantes sean los que hayan solicitado la medida, es un matiz que podría darle mayor peso específico al proyecto, además de que los comicios locales son en la misma fecha que los de presidente de la república. “Esto alentaría el voto y disminuiría las críticas hechas en torno al elevado costo (en contraste con los bajos niveles de participación) de organizar mecanismos para  que los connacionales puedan ejercer su derecho al voto desde el exterior”.

Aun así, pondera que será difícil saber si esta iniciativa corresponde a una demanda generalizada: “El nivel de participación de los jaliscienses en el exterior en materia de política electoral es todavía una interrogante”.

El mismo consejero del IFE, Guerrero Aguirre, propone que para el voto federal sea utilizado internet para reducir costos, pues el correo certificado se ha convertido en un obstáculo. En Jalisco podría replicarse un esquema similar, y más considerando que en 2015 quieren implementar la urna electrónica para todo el estado. Con todo, Hernández Velázquez estima que aunque hubiera una participación numerosa en el mediano plazo, el voto de jaliscienses en el extranjero “difícilmente podría convertirse en el fiel de la balanza de un proceso electoral”.

Prensa inquisidora

Prensa inquisidora
Nota publicada por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 754 (Julio 2013)

Cuando la bebé de Washington Velázquez y Ana Freire murió, nunca imaginaron que esa sería la primera de muchas penas que sufrirían. Antes fueron acusados falsamente de violar y matar a su pequeña de 10 meses. Luego la prensa sensacionalista se encargó de lo demás. Durante varias semanas, periódicos y noticiarios los pintaron como seres sin alma. Aunque la autoridad judicial los absolvió, la audiencia ni se enteró.

Ahora la gente que los ve en la calle, los señalan con el dedo. Y nadie les da empleo. “A la mujer de Walter, una vez, en un almacén, le dijeron que su marido era un violador. ¿Cómo sabés eso?, preguntó ella. Porque lo vi en la tele”. Así lo relata el periodista César Bianchi en su crónica “El estigma de unos pobres diablos”.

Esta historia acaeció en Uruguay, pero pudo haber sucedido en cualquier país de Latinoamérica, y particularmente en México, donde también es común que personas detenidas por presunta responsabilidad en delitos o incluso en faltas administrativas, sean exhibidas sin mesura en medios impresos y electrónicos. “Este tema tiene como telón de fondo un debate antiguo de relevancia: el doble juicio al que se ven sometidos los ciudadanos que enfrentarán un proceso legal, y a quienes los medios exhiben como presuntos delincuentes antes de ser formalmente consignados o juzgados.

Cualquier inculpación que se haga a una  persona mediante notas periodísticas, puede causar un daño moral de graves dimensiones. Para quien da la noticia, ‘mañana será otro día’; para el protagonista de la misma, la vida cambiará a partir de la acusación”, considera la especialista María Elena Hernández Ramírez, doctora en información y comunicación por la Universidad de la Sorbona, Francia.

La también catedrática de la Universidad de Guadalajara (UdeG), abunda: “Hablar del doble juicio nos lleva a cuestionar, por una parte, la forma en que se aplican las leyes y se imparte la justicia en este país. Por la otra, cómo informan sobre hechos de seguridad pública en México”. Hernández Ramírez dice que lo frecuente en el periodismo policíaco mexicano no ocurre en todo el mundo: “Aquí las normas no son claras, o no se aplican. No hay análisis sobre las implicaciones para los afectados, y en los medios predominan los intereses mercantiles: el  morbo vende”.

Presunción de inocencia

La exhibición de los detenidos atenta contra los derechos fundamentales de las personas, entre éstos el derecho a la presunción de inocencia, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reprueba esta práctica.

Hans Jurado Parres, académico de la UdeG, sostiene que, para bien o para mal, es obligación del Estado informar a los  ciudadanos, pero en el caso de las personas detenidas resulta necesario cuidar el respeto y la dignidad de cada uno. “Informar sí, en los momentos oportunos; esto es: ya que se concluyó con la investigación y se encamine el proceso. No antes, porque si no, se están lastimando y afectando los derechos humanos de todos aquellos que al momento en que se dan a conocer en los medios de comunicación no se sabe si son inocentes o culpables, y que si son inocentes, en muchos casos la propia sociedad los considera culpables”, explica el presidente de la Academia en Derecho Constitucional, de la maestría en derecho, de la UdeG.

María Elena Hernández critica la falta de ética y el afán protagónico de algunos políticos que, en una sociedad mediatizada, quieren mostrar “sus logros” a través de las pantallas. “Se montan escenarios para tomar fotografías con los detenidos in fraganti o para filmar detenciones espectaculares. También es sorprendente que las autoridades colaboren con algunas televisoras para producir programas de entretenimiento mediante la ridiculización de los detenidos”.

Concluye: “Hace falta analizar la función social de la información sobre seguridad pública y también investigar más cómo podría hacerse sin daños a terceros. Es posible que se necesite normatividad, pero es más factible recurrir a una reflexión ética en todos los sectores involucrados” .

La economía no va al grano

La economía no va al grano
Nota publicada por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 753 (Julio 2013)

Además de afrontar la adversidad económica derivada del alto costo de los insumos, los productores de maíz en los Altos de Jalisco también tienen que enfrentarse al infortunio meteorológico, el desgaste del suelo y el azote de las plagas, lo que ha convertido en una epopeya el cultivo y comercialización de este cereal en la región.

De acuerdo al investigador del  Centro Universitario de los Altos (CUAltos), Humberto RamírezVega, las escasas lluvias son una de las principales contrariedades que  se enfrentan en la zona. “Uno de los problemas a que se enfrenta el productor es el cambio del ciclo de lluvia y sobre todo los eventos (cantidad de lluvia que se presentan en periodos cortos), aunados a periodos largos sin precipitación”, explica el también jefe del departamento de Ciencias Biológicas del CUAltos.

El doctor en ciencias con especialidad en biotecnología añade: “Esto hace que las condiciones necesarias para que la semilla de maíz germine y emerja no sean las adecuadas, reflejándose en bajas densidades de plantas por hectárea, lo que a su vez contribuye a pérdidas de semilla y tiempo en el desarrollo del cultivo. Son contados los productores que han adoptado tecnología en sembradoras de precisión, la cual tienen la ventaja de depositar la semilla a una profundidad uniforme y sobre todo que se aprovecha mejor la poca lluvia que cae”.

El complejo ciclo de producción del grano, además se ve mermado porque el suelo de la zona ha sufrido desgaste por la misma actividad. “El componente suelo es una de las variables muy importantes dentro del ciclo del cultivo del maíz, ya que aparte de ser un reservorio de nutrientes, sirve de sostén para las plantas.

En la actualidad el manejo del mismo productor no ha sido el adecuado,  lo cual ha ocasionado incremento en la erosión, reducción de la materia orgánica, exceso de mecanización, entre otros”, explica el especialista en maíz forrajero. Otro obstáculo es la presencia de plagas y enfermedades durante el ciclo productivo, lo cual depende de la etapa fenológica del cultivo, las condiciones de lluvia y las medidas preventivas que haya tomado el productor.

En la región alteña se cosechan en promedio 90 mil hectáreas de maíz bajo condiciones de temporal, y en mayor proporción van destinadas a forraje, ya sean ensiladas o molidas en seco.

El colapso económico

De acuerdo con cifras de la Unión de Productores de Maíz del estado de Jalisco, 150 mil toneladas de grano siguen almacenadas, pues no se han podido comercializar. Ante la excesiva importación de maíz blanco, los agricultores sufren para colocar el producto y cuando es así, sólo les pagan tres mil 600 pesos por tonelada puesta en bodega.

El costo para sembrar una hectárea de maíz blanco, oscila entre los 18 y 20 mil pesos. “Considero que mientras sea más barato comprar una tonelada de maíz en el extranjero comparativamente con la producida aquí en México, las crisis seguirán, es decir necesitamos ser más competitivos en la producción del grano con respecto a otros países”, indica Ramírez Vega.

Cita como ejemplo la producción de maíz en Sinaloa durante el ciclo Otoño-Invierno, donde gracias a la tecnología el promedio de grano es de 12 a 14 toneladas por hectárea. “Desafortunadamente, el factor temporal en nuestra zona alteña es una limitante fuerte para conseguir estos niveles productivos. A pesar de lo anterior la aplicación de la tecnología en diferentes etapas del cultivo, ha sido uno de los aspectos claves en el incremento de la productividad por unidad de superficie en la región”.

Lo que CUAltos aporta

Ramírez Vega, quien actualmente desarrolla dos proyectos de investigación apoyados por CONACYT–INIFAP y COECYT-Jalisco, ambos relacionados con la calidad de los forrajes y en los que se involucran estudiantes del área agropecuaria, especifica que entre las actividades del CUAltos, hay varias enfocadas en la calidad de forraje más que en el grano, por la propia actividad lechera de la región. Gracias a las investigaciones que se realizan en el centro, se han logrado avances importantes que se difunden en foros, talleres, demostraciones de campo y asesorías directas a explotaciones y cooperativas de productores lecheros.

“El énfasis que CUAltos ha puesto a través de los proyectos de investigación que actualmente se encuentran en desarrollo, ha  ido en impulsar la calidad de los mismos, sin descuidar la cantidad. Es importante señalar que se tiene ya el servicio a productores a precios accesibles para que puedan conocer  la calidad de los mismos y puedan ajustar las raciones de acuerdo a los valores de calidad en sus forrajes”.

Cuando el dinero no alcanza

Cuando el dinero no alcanza
Nota publicada por Julio Ríos en la Gaceta UdeG Nº 751 (Julio 2013)

A Pepe el dinero no le ajusta. Ni tampoco el tiempo. De lunes a sábado se levanta temprano para llegar a las siete de la mañana a la fábrica. Es operador de producción y gana mil 200 pesos a la semana. Las jornadas son recias e intensas. Como él dice, “suda la gota gorda”. A las cuatro de la tarde tiene que tomar corriendo dos camiones rumbo a la colonia Buenavista.

Para entonces su esposa y sus dos hijos ya llenaron las botellitas con cátsup, picaron el jitomate y la cebolla, y cobijaron las salchichas entre hojas de tocino. Antes de las siete, el vapor del agua debe estar ablandando los panes, y el aceite pringando en la parrilla con un sonidito burbujeante. “Con la venta de hot dogs completo el chivo. Cuando bien me va saco 800 o 900 pesos a la semana. Y es que si no, no me ajusta. Mis gastos son de 4 mil 500.

En la fábrica gano apenas lo justo para vivir, y tengo una niña que a veces requiere servicio médico. No me alcanza para alguna eventualidad ni para ahorrar. Por eso el changarro”, dice el obrero de 41 años.

Cada vez son más las personas que para completar sus gastos tienen que ingeniárselas para fragmentarse en dos o tres empleos, con el desgaste físico y mental que eso conlleva. Pero para muchos es la única alternativa ante las reducidas opciones de trabajo.

En el último trimestre, según la Encuesta nacional de ocupación y empleo, 40 mil jaliscienses se sumaron a las filas del subempleo, es decir, con trabajos que están por debajo de su preparación académica o con “chambitas” que combinan para obtener más ingresos. “Si bien las tasas de desempleo se han venido manteniendo estables en Jalisco, en un 4 por ciento durante los últimos meses, lo que sí ha aumentado es el subempleo, y más aún, tienen que buscar una segunda ocupación que les dé ese recurso que les falta para sacar adelante todos sus gastos cotidianos”, explica Gerardo Ríos Almodóvar, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Salarios insuficientes Óscar es otro obrero que también sufre las de Caín para llevar el pan a sus tres hijos. Tiene 38 años y trabaja como auxiliar de calidad en una manufacturera de artículos electrónicos, donde gana 6 mil 500 pesos mensuales. Los fines de semana toca el trombón en una banda sinaloense. “Me gusta la música, pero también la verdad es que no me ajusta para los gastos. No me gusta ver sufrir a mis niños”.

El subempleo o las “chambas compartidas”, se vuelven comunes porque los jaliscienses ganan poco. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población ocupada en Jalisco es de 3 millones 283 mil, pero más de la mitad gana entre uno y tres salarios mínimos. Sin embargo, para subsistir  las familias requieren de por lo menos ocho salarios mínimos. De acuerdo con el proyecto permanente de investigación “Canasta básica e índice de precios al menudeo en la ZMG”, que realiza el Departamento de Métodos Cuantitativos, del CUCEA, para poder adquirir una canasta básica que incluye 121 artículos de primera necesidad, se requieren tres y medio salarios mínimos mensuales.

Ante este panorama, la tasa de subocupación en Jalisco es de 10.7. “Si bien la población desocupada se ha ido reduciendo, la realidad es que los salarios no son suficientes y por eso la gente tiene que recurrir a otro empleo”, indica Ríos Almodóvar.

Pepe quisiera un solo empleo en el que ganara lo suficiente, pero es realista. Aunque le gusta tener su changarro, porque ahí no lo mandan jefes que le griten, y participa toda la familia para atenderlo, está consciente que necesita de las prestaciones médicas y del sistema de fondo de ahorro para retirarse. El de Pepe no es el único caso. En el país de la eterna crisis, el ingenio del mexicano es la mejor bendición.

Desempleo a la baja, subempleo al alza

 

En Jalisco la tasa de desempleo en el cuarto trimestre fue de 185 mil desempleados, pero en el primer trimestre de 2013 descendió a 150 mil. Al respecto, Gerardo Ríos Almodóvar aclara: “Sí bajó el desempleo, pero el subempleo aumentó. En el último trimestre de 2012 fue de 311 mil, y en el primer trimestre  de 2013 se alzó a 350 mil jaliscienses.

De un período a otro se incrementó en cerca de 40 mil personas”. Agrega que este tipo de subempleo se acentuó más en personas que buscan aumentar sus ingresos: “La población subocupada está compuesta en su mayoría por trabajadores subordinados.

De los 350 mil que mencionaba, el 47 por ciento son trabajadores subordinados, pero casi el 40 por ciento trabajadores por cuenta propia, y casi por lo regular buscan relacionarlo con  el sector informal. Eso ha crecido mucho en los últimos años”.

Actualmente la tasa de desempleo es del cinco por ciento, pero considera Ríos Almodóvar que “lo ideal es acercarse a tasas de desempleo naturales, que sean inferiores al cuatro por ciento, pero cuando rondan el 5 o el 6 por ciento, es cuando los gobiernos deben tomar medidas estabilizadoras.

La reforma al transporte público

La reforma al transporte público
Nota publicada por Julio Ríos en la Gaceta de la UdeG año 11 ed. 739 (Abril 2013)

Además de que es inaplazable, la renovación del sistema de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara será una labor titánica. Especialistas consultados por La gaceta, sostienen que no se trata de discutir sólo la tarifa, sino que urge una renovación integral. Advierten que reordenar la compleja telaraña de rutas que hoy opera de forma caótica, habrá de realizarse contra la resistencia de los camioneros y debería diseñarse de acuerdo a las necesidades de la población y no de los empresarios.

“Lejos de que sea posible o no, lo importante es que esto tiene que atenderse ya. Es urgente abordar de manera integral este tema del transporte público”, explica José de Jesús Arreola Chávez, doctorante de movilidad y planeación urbana por la Technische Universität Braunschweig, de Alemania.

Una lábor de semejantes dimensiones solo será posible cuando se utilicen procesos científicos y técnicos de planeación, por encima de cualquier otro criterio.

El también docente de la cátedra de laboratorio de infraestructuras urbanas, territoriales y medio ambiente, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño considera que el transporte masivo debe ser la columna vertebral del transporte público.

“Deben identificarse los corredores de mayor demanda, donde debería haber tren ligero o macrobús. Mientras no haya recursos para construir más rutas de tren ligero o BRT (Sistema de autobús de tránsito rápido), lo ideal sería meter ahí vehículos de alta especificación, alimentados por el resto de las rutas. Se trata de un sistema troncal, en el que las demás rutas que haya en la ciudad deben ser ordenadas como alimentadoras”, afirma Arreola Chávez.

¿Podría hacerse con unidades como las del Pre-tren? “Deben ser unidades de primera, cómodas, de mayor capacidad, rutas bien estudiadas, con paraderos bien definidos y estudiados, al igual que la infraestructura para estas paradas, así como contar con un sistema operativo. Estaría hablando de un sistema más avanzado que lo que conocemos aquí como el Pre-tren. Esa es la solución mientras se construyen más líneas del tren ligero y BRT”.

Actualmente las rutas se sobreponen y hay avenidas donde pasan varias, mientras que en otras calles ninguna, además de que hacen muchos rodeos en busca de clientes. El académico indica que esto sucede porque las rutas funcionan con la lógica de hacer negocio.

“Lo importante es que cada ruta se diseñe como un traje a la medida de los usuarios, no de los concesionarios ni del gobierno. Hay que recordar que este servicio es una obligación del gobierno. Así se debe de entender. Por lo tanto, deberá estar enfocado todo a eso”.

El acuerdo firmado el domingo 7 de abril entre el gobierno de Jalisco y transportistas, considera, además de la reordenación de rutas, otros ejes principales, como una reforma legal, normativa e institucional; modernización del servicio e incentivos gubernamentales. Cada uno de estos incluye renglones como la creación de un área de atención a víctimas de accidentes, pago electrónico, modernización de vehículos, profesionalización de los conductores, ampliación de cobertura, suspensión de nuevas concesiones y asesoría técnica y financiera.

Sin embargo, el documento titulado “Hacia un nuevo modelo de transporte público para el AMG”, para el presidente del Colectivo Ecologista de Jalisco, Mario Silva Rodríguez, es un plan que está incompleto, porque no considera indicadores e instrumentos de evaluación y falta crear una comisión evaluadora en la que no haya políticos”.

Arreola Chávez en cambio, cree que el plan empieza bien: “Anteriormente se trataba solo de un tema de tarifa. Negociaciones para el costo del pasaje era lo único que se venía desarrollando desde hace décadas y esa no es la forma en que se deba atender el problema del transporte público, porque se limita a aprobar aumentos a cambio de promesas. Se firmaban supuestos acuerdos y al final pocas cosas se cumplían”.

Silva Rodríguez apunta que entre los retos que deben atenderse, urge que los criterios técnicos sean la prioridad, para establecer rutas en corredores integrales. También reflexiona que la tarifa “no puede subir como si se tratara de un bien o producto sujeto a las leyes del mercado”, porque el transporte público se trata de un servicio.

Indica que debería cumplirse con la norma técnica aprobada desde 2010, del prepago fraccionado y electrónico; se estudie la viabilidad de pagar por distancia recorrida o kilometraje, además de dignificar la labor de los choferes e incluso otorgarles certificados de carrera técnica avalados por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

El presidente del Colectivo Ecologista de Jalisco, opina que “la reforma del transporte público no es un reto menor y por lo tanto no será posible sin un calendario para cumplir con los compromisos”.

El académico universitario, Arreola Chávez, comenta: “Todo tiene que ver con la norma y la ley para la prestación del servicio. Parece que este acuerdo parte de estos principios. El arranque de este acuerdo va en la línea adecuada, puesto que se parte desde el problema de base, que es el concepto erróneo de hombre-camión. Son cerca de cinco mil unidades. Imagínese que cada quien tiene un concepto para operar su unidad. Por eso se ha dado este caos”.

Agrega: “Habrá que ver cómo camina este proyecto, cómo se va dando y cómo se le dará seguimiento por parte de los concesionarios. Se puede hablar y hacer acuerdos, pero si no vemos resultados en la operación, para los usuarios sería como si no sucediera nada”.

La supersecretaría de ecología

La supersecretaría de ecología
Nota publicada por Julio Ríos en la Gaceta de la UdeG año 11 ed. 736 (Marzo 2013)

Si bien la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en Jalisco, es positiva, porque concentrará tareas que estaban segmentadas en varias dependencias que ni siquiera tenían que ver con el tema ecológico, expertos consultados por La gaceta esperan que los beneficios se reflejen en un freno definitivo a la devastación de la biodiversidad.

Tanto el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Arturo Curiel Ballesteros y el presidente del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ), Mario Silva Rodríguez, coinciden en entrevistas por separado, que la destrucción del medio ambiente fue la constante de los últimos gobiernos, a cambio de beneficios económicos de corto plazo.

El tema ambiental en Jalisco tiene un rezago de dos décadas, primero con Ramón González Núñez, luego con Martha Ruth del Toro y finalmente con Héctor Eduardo Gómez Hernández. Consideran que las actualizaciones se han dado tarde, cuando los problemas habían crecido demasiado.

La especialista María Magdalena Ruiz Mejía, integrante del equipo de transición del nuevo gobierno, adelantó que ahora sí las políticas públicas abrazarán criterios ambientales. Las áreas naturales protegidas que hoy administra Jalisco, ya no estarán en manos de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), sino que pasarán a la Semadet. Algunas de éstas son el bosque de La Primavera, el nevado de Colima o la sierra de Quila.

“Inexplicablemente la Semades no administraba estas áreas protegidas. Por eso veo positiva la reingeniería, pues se están concentrando en una sola secretaría aspectos congruentes con una dependencia que atiende el renglón ambiental. Ya no está segmentada, ni parcializada en varias”, opina Curiel Ballesteros.

Mario Silva agrega: “Nos agrada que Semadet se encargue de las áreas protegidas, pues en el caso de los bosques, Seder las administraba con una lógica de explotación maderera y no con enfoque ecológico. Hay que recordar que existen 32 mil hectáreas deforestadas por año”.

La nueva súper secretaría absorberá al Instituto de Información Territorial y la Comisión Estatal del Agua (CEA), para crear el Instituto Jalisciense de Tecnología del Agua, que estudiará temas de abastecimiento y saneamiento. También se habla de la fusión de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), como lo hicieron en el Distrito Federal, para crear una procuraduría ambiental.

Sin embargo, en el aire quedan muchas dudas. Curiel Ballesteros considera que la anterior secretaría, desde su nombre, tenía claras las directrices rumbo a un desarrollo sustentable, y en base a ello la ciudadanía podía evaluar si cumplía o no con esa misión.

“En la actual, al enfocarse al desarrollo territorial, no queda claro a cuál se está refiriendo y debería quedar claro desde un principio, pues hay diferentes tipos de desarrollo territorial: unos priorizando el desarrollo económico, otro priorizando la salud de la gente, otro priorizando el buen vivir. Esa es la duda. A cuál desarrollo territorial se dará prioridad”.

La agenda pendiente

Entre las directrices de la nueva Semadet, estarán la aplicación estricta de la justicia ambiental y de políticas enfocadas a frenar la biodegradación por el cambio climático, además de la gestión integral de cuencas, entre otros aspectos.

Arturo Curiel Ballesteros espera que Jalisco asuma el liderazgo en educación ambiental. “Que la sociedad reconozca las amenazas por el deterioro ambiental”.

Reflexiona: “Jalisco tiene un patrimonio en términos de biodiversidad y geodiversidad, inigualable en el ámbito mundial. Protegerlo debe ser el impulsor para el desarrollo del estado, y no destruirlo, como ha sido la dinámica de los últimos años”.

Silva Rodríguez, apunta que la reingeniería debe acompañarse de una actualización del marco normativo, un diseño institucional coherente con los temas de áreas protegidas, cambio climático e investigación. Y sobre todo, instrumentos de contrapeso para regular a otra súper secretaría que arranca con el nuevo gobierno: la de Infraestructura y Obras Públicas.

“Recordemos que Sergio Carmona –titular de la Sedeur- nunca cumplió con reponer 11 mil 400 árboles que retiraron por la obra del macrobús. Ni uno solo ha plantado. Si eso ocurrió con Sedeur, que no tenía tantas competencias, ojalá con la supersecretaría que viene en su lugar no se repitan estos casos. Y sobre todo que Carmona no se vaya sin cumplir ese pendiente que se le señaló desde la Contraloría Social de macrobús”.