Los académicos y la política en la universidad

Los académicos y la política en la universidad
Por Humberto Muñoz García en Campus Milenio

Una de las cuestiones más relevantes para ser analizadas, en las universidades públicas y autónomas, se refiere a los problemas que enfrentan los académicos. En tales instituciones ocurre una enorme variedad de procesos políticos que afectan sus opiniones y comportamientos de cara a su actividad. Llama la atención que los académicos sientan malestar con la vida institucional y que no actúen para cambiarla.

Actualmente, las relaciones entre los actores universitarios se dan en instituciones donde ha cobrado más fuerza un estilo de conducir y administrar la institución de corte centralista. Se ha construido así por una cultura que favorece la apatía  y  por la necesidad impuesta por las políticas del gobierno federal y estatal, que demandan ejercer control sobre una estructura universitaria que se volvió bastante compleja y diferenciada en tareas y  productos.

La estabilidad institucional se ha basado en una toma de decisiones centralizada para conseguir equilibrios políticos que mantengan la gobernabilidad. Con esta lógica, el grueso de los académicos ha ido quedando, poco a poco, fuera del juego institucional, en algunos casos con una separación notoria de las autoridades. Este despropósito se consiguió por la deshomologación salarial, las formas de evaluación, la individualización del trabajo y la apreciación del mérito basada en “productividad” y puntos, más que en contenido.

Hay malestar con el régimen de trabajo. Los académicos se quejan de la falta de tiempo para todo, porque cada vez tienen que realizar un mayor número de actividades e informes para obtener becas que complementen su retribución monetaria. Publicar, dar clases y dictar conferencias, a la mayor velocidad posible, para no caer en falta y acumular puntos. Pagar para aparecer en Journals extranjeros que luego venden los artículos por internet. Y, finalmente, enfrentar una “evaluación” en la que alguien  declara insuficiente el resultado del trabajo. La consigna es crear sentimientos de incumplimiento y culpa en el  académico.

El descontento se expresa en un secreto a voces; no se manifiesta públicamente. La despolitización en el campus ha llevado a los académicos a un conformismo funcional: se lamentan, pero no se movilizan, no tienen medios para reclamar colectivamente, ni participan para resolver asuntos que les atañen, porque no los convocan, no tienen tiempo ni corren riesgos laborales.

Recientemente se han hecho encuestas que apenas iluminan el malestar. Voy a dar ejemplos, con datos  de investigaciones que siguieron distintas metodologías y universos muestrales, pero que son de lo poco que hay. Señalo lo general, porque entre los académicos existen diferencias por institución, área de conocimiento, lugar y tiempo de trabajo, edad, sexo, categoría y nivel, que requieren de más estudios.

Los datos sugieren que a una mayoría de los académicos no le importa estar informada de lo que pasa en la universidad y poco le interesa lo que ocurre en el plano institucional. No está enterada de las leyes que norman su vida académica, ni de los planes rectorales, o de las medidas que toma la administración central.

En una  encuesta nacional aplicada en el 2007-08 (Galáz et al) se destaca que más de la mitad de los académicos piensa que el estilo de gobierno es vertical, 2 de cada 3 mencionaron que no hay una buena comunicación entre la administración y los académicos, y 3 de cada 4, aproximadamente, consideraron que influyen poco o nada en las decisiones de la universidad.

En encuestas aplicadas en dos universidades públicas, que incluyen a académicos de carrera y profesores de asignatura (Dorantes, 2012, Perera y Dorantes, 2013),  una mayoría  opina que no hay prácticas democráticas y una minoría es la que ha participado en las elecciones de rector. De la información de las dos encuestas se desprende que entre los problemas más agudos de la universidad están el de la organización y el aislamiento de la rectoría frente a la comunidad. Además, se presentan problemas administrativos, porque los trámites de varios tipos son engorrosos y lentos, debido a la burocratización que fomenta el gobierno federal.

Es momento de pensar e instrumentar cambios y ajustes en las universidades públicas, nuevas formas de hacer política que superen la disociación entre autoridades centrales y académicos, establecer un régimen laboral de confianza, para que mejore el ambiente intelectual y el desempeño académico. Los académicos queremos cambios acordados y programados. Quitar obstáculos para que la vida académica no siga deteriorándose mediante la simulación.

Universidades privadas y mercado educativo

Universidades privadas y mercado educativo
Por Humberto Muñoz García en Campus Milenio

El desarrollo de la educación superior  en  México se ha dado en medio de una creciente diversificación institucional, uno de cuyos rasgos ha sido  el crecimiento de instituciones tecnológicas, politécnicas e interculturales en el sector público y, por otro lado,  el aumento de las universidades particulares o privadas, que son una fuente más de ampliación del mercado.

En el sector particular, las universidades llamadas de élite crecieron, y se extendieron por el territorio, junto con otras de absorción de la demanda, que cubren a quienes no pudieron incorporarse a otros segmentos. La diferenciación institucional en el sector privado es notablemente grande y se refleja en la calidad de los estudios, en el origen social de los estudiantes, en la infraestructura y en la flexibilización del trabajo académico, acentuada en los establecimientos más pequeños. Sería importante conocer más de la dinámica interna del sector privado.

Las universidades privadas, en especial las de elite, compiten con las universidades públicas por alumnos, prestigio, recursos y ubicación en el espacio social y político. Como punta de lanza del segmento privado establecen indicadores de “calidad” para la competencia. Por ejemplo, la oferta de carreras con futuro, la  enseñanza práctica, el éxito laboral de sus egresados, el uso de tecnologías informáticas entre  sus alumnos. Hacen propaganda en los medios sobre las ventajas en tiempo y costo de sus planes de estudios, la buena imagen de sus instalaciones, el ambiente hospitalario, etc. Juegan con las percepciones para crear consumidores en el mercado.

Las universidades particulares han absorbido, aproximadamente,  cerca de un tercio de la matrícula de licenciatura desde el año 2000 hasta el 2012 (SEP). En este lapso se agregaron a la matrícula privada,  aproximadamente, 400 mil jóvenes, lo que facilitó el cumplimiento de las metas de cobertura del gobierno. Las privadas tienen un peso relativo mayor en el posgrado. Su matrícula alcanza el 48 por ciento en este nivel. En la maestría se eleva a una cifra de 57 por ciento. (ANUIES, 2010); son, en su gran mayoría,  cursos profesionalizantes para satisfacer el credencialismo en el mercado laboral.

Para dar cabida a toda esta masa de estudiantes, las instituciones privadas se multiplicaron en todas las entidades federativas del país. El aumento en el número de instituciones ha sido muy grande. En 2012 había registradas 3 mil 59 instituciones de educación superior, de las cuales el 70 por ciento eran privadas (SEP). De ésas, una docena  son las que tienen presencia nacional. Un segmento  (114) se ha unido en una federación (FIMPES) que las representa. Hay universidades de inspiración religiosa y laicas.

El crecimiento de las privadas ha ampliado las posibilidades de elección y  de competencia. La compra y venta de servicios educativos ha quedado completamente instalada y ha cambiado el espectro del sistema institucional. Los jugadores privados participan o son tenidos en cuenta en las políticas educativas. El gobierno juzgó importante abriles la puerta ante la presión de la dinámica demográfica y la necesidad de contener el gasto. Les ha dado facilidades y ha puesto, entre otras, reglas para incorporar planes y programas de estudios.

El mercado no es una entelequia. Está representado por actores concretos de las universidades privadas que se organizan, intervienen y actúan políticamente en el sistema educativo, negocian con funcionarios del gobierno a favor de sus intereses. Usan los medios de comunicación y los ranking para competir y ganar fuerza política.

Actualmente, hay nuevas tendencias en el mercado, a partir de las universidades y capitales extranjeros que se están instalando en el país, con fines de lucro. Han venido corporativos que compran universidades locales. Hay universidades foráneas que imparten cursos de verano en alguna entidad, para alumnos que vienen de otros países, cursos “on line” pagados, posgrados a distancia, venta de franquicias y alianzas con universidades nacionales privadas. Son empresas con ventajas comparativas para competir respecto a las universidades públicas y privadas locales. La transnacionalización de la educación superior, como realidad de mercado, ya influye en la dinámica del sistema educativo e inyecta contenidos culturales distintos a los nuestros.

Por razones económicas y políticas, el Estado ha dirigido su esfuerzo a elevar la cobertura y abrir opciones educativas de carácter técnico. Al mismo tiempo, ha permitido que se instalen universidades privadas  de muy diverso sello, que compiten por recursos, orientan la educación con fines económicos, convierten a los estudiantes en consumidores, instauran una base valorativa reñida con los principios sobre los que se funda la universidad pública. Hoy, la expansión del mercado en la educación superior ha servido para hacer muy buenos negocios.

Mercado laboral y autonomía universitaria

Mercado laboral y autonomía universitaria
Por Humberto Muñoz García en Campus Milenio

Hay un enfoque que considera que el mercado laboral puede guiar la actividad de las universidades. Sostiene que el mercado equilibra la oferta y la demanda de profesionistas. Cuando escasean en una determinada especialidad, aumentan los salarios en esos puestos. A la inversa, cuando hay oferta de sobra  para una ocupación, disminuyen las remuneraciones. Como respuesta, las universidades abren la matrícula en las carreras demandadas y cierran aquellas que han “saturado” el mercado. Los estudiantes se inscribirán en las carreras más rentables.

Si así fuera, la toma de decisiones en las instituciones educativas  para ofertar carreras estaría dada en función de lo que el mercado necesita o desea. Pero no. Una institución académica puede decidir conducirse por otra lógica, con base en su autonomía, aunque choque con el mercado.

La relación de la educación superior con el mercado laboral es bastante compleja. Hace décadas la corriente del capital humano coincidió con una tesis sociológica acerca de la importancia de la educación en la estratificación social. Dada la creciente complejidad y especialización de la estructura ocupacional, la educación califica a la fuerza de trabajo y la vuelve más productiva; satisface, así,  las demandas cambiantes del mercado. Además, la parte del producto  no explicada por variables económicas se dijo, entonces, corre a cargo del capital humano.

Desde esta perspectiva, se esperaba un crecimiento de los empleos de profesionistas. Sin embargo, en países como el nuestro, el mercado se contrajo, la estructura demográfica cambió,   aumentó la matrícula universitaria y el número de egresados. Se produjo un desajuste, en principio, porque el mercado redujo la demanda de profesionistas altamente calificados.

En este escenario, el mercado, es decir los empleadores, tuvieron la posibilidad de hacer dos cosas: i) elevar los requisitos escolares para contratar mano de obra y ii) disminuir los salarios. Aumentó el credencialismo, con todas sus consecuencias.

Así, debido a que en el mercado existieron más profesionistas que puestos ocupacionales para ellos,  disminuyó el valor de la educación para fines laborales. También se deterioró el perfil ocupacional de los profesionistas, porque  tuvieron que trabajar en ocupaciones que no requerían su nivel escolar. De contratar licenciados para una plaza, se comenzó a pedir  maestría. Los estudiantes siguieron estudiando, pero, con la maestría, se les pidió el doctorado.

La “fuga” hacia adelante ha contribuido a que se expanda el posgrado. Las universidades autónomas abrieron doctorados, a los que después se les impusieron, desde fuera,  requisitos de evaluación. Las evaluaciones, por ejemplo de los tiempos de estudio y de egreso, ligadas a becas, han significado prácticas que restan calidad. Por razones monetarias, y políticas, la autonomía universitaria no ha sido utilizada para impedir dichas prácticas.

En el mercado, el título y el grado escolar otorgaron un criterio para separar a los más de los menos formados, acentuando los desajustes laborales. La incorporación de los egresados al mercado, y el tiempo de incorporación, comenzaron a usarse como indicadores de calidad educativa.  En varios círculos privados, tales indicadores se han utilizado contra el prestigio de la universidad pública. Y han servido para argumentar que las universidades, escudadas en su autonomía, imparten carreras que no tienen mercado.

La sobre oferta continúa. Y los empresarios dicen que no encuentran en el mercado laboral lo que necesitan. Declaraciones como éstas tienen impacto  sobre el rumbo de las instituciones autónomas. Junto con ellas, cuando las grandes empresas hacen evidente su preferencia por egresados de universidades privadas, y están en su derecho, también presionan a las universidades públicas y autónomas para que sus autoridades tomen medidas para elevar su competencia y satisfacer al mercado laboral.

La relación de la educación superior con el empleo está llena de mediaciones, ha cambiado bastante y es diferente en los espacios del país. No obstante, en el imaginario social se mantiene la creencia de que poseer un título universitario da ventajas para ocuparse razonablemente bien.

Por eso, en los sectores sociales más golpeados por la crisis, los jóvenes aspiran a tener educación superior. Para satisfacer tales aspiraciones, se necesita ampliar la matrícula en la licenciatura. Además, México va a requerir más científicos. Será indispensable ampliar la matrícula del posgrado. Para tomar decisiones sobre la oferta, y fortalecer la enseñanza, importa mucho la autonomía.

Sea cual fuere la situación del mercado, los jóvenes piensan que es  mejor estudiar. Y la gran mayoría de ellos tendrá que optar  por las universidades públicas, por razones de superación personal, calidad y prestigio institucional. Deseable sería que, en correspondencia, creciera el empleo profesional en el  mercado.

Temas para reflexionar sobre el futuro de la Universidad

Temas para reflexionar sobre el futuro de la Universidad
Por Humberto Muñoz García en Campus Milenio

Hay una buena cantidad de temas y problemas en la educación superior del país, que han sido estudiados en la academia. En casi todos los análisis, se parte de la idea de que la educación superior es un bien público, un fin, una expectativa social y una meta a ser lograda. Por ahora, se ha pensado en ampliar las oportunidades educativas. Políticamente, hay un acuerdo para elevar la cobertura, de 3 a 4 de cada diez jóvenes de 19 a 24 años, para el fin del sexenio. Sería deseable que se elevara más, pero hay una infinidad de cuestiones que se necesitan resolver para avanzar.

Una, es la propia estructura de la desigualdad. La cobertura tiene una variación muy grande entre entidades federativas, y aún cuando se ha elevado en el conjunto, las que tenían menos siguen teniendo menos. El aumento no puede ser parejo en todas las entidades. La idea es lograr un mayor equilibrio.

Un estudio de la medición de la cobertura ha mostrado (Gil, Mendoza, Rodríguez y Pérez) que la ampliación de la matricula, en cada porción del territorio, tiene que llevar en cuenta, al menos, la dinámica de la población, la estructura urbana de las entidades federativas, la marginación, las capacidades económicas de las familias para mandar a sus hijos a la universidad, las condiciones del mercado laboral y las necesidades del desarrollo local. Esto es, no se trata, solamente, de abrir más instituciones donde la cobertura es baja.

Entre las cuestiones locales cuenta, sustancialmente, las condiciones del mercado laboral. Los estudios que se han hecho a nivel nacional y estatal (p.e. Burgos y López), permiten apreciar que los profesionistas, y también los posgraduados, tienen problemas para emplearse en el sector formal de la economía. Los profesionistas, como conjunto, tienen una de las tasas de desempleo más altas.

Los posgraduados también experimentan desempleo y dificultades mayores para incorporarse a la academia. Según datos de la AMC sólo un tercio, de los 3000 doctores que egresan al año en el país, consiguen un empleo o un trabajo para hacer investigación. Sabemos que, en algunas instituciones educativas, se presentan más de 100 doctores para concursar por una plaza.

Más todavía, hay un buen porcentaje de profesionistas y posgraduados que no usan lo aprendido en la escuela para realizar su trabajo, que reciben ingresos bajos (incluidos matemáticos y literatos). Desde hace tiempo se conoce que hay carreras críticas en el mercado (derecho y contaduría, p.e.), pero la demanda por ellas continúa.

El punto es que el poco crecimiento económico y la contracción del mercado laboral, como van, podrían desajustarse más con el aumento de la cobertura y una mayor oferta de trabajo altamente calificado. Cabe recordar que la contracción y las condiciones del mercado laboral son diferentes entre regiones y entidades federativas de México. Pero, en general, lo que se necesita es que se instaure un modelo de desarrollo que estimule el mercado interno y el empleo.

Así, sería altamente recomendable la existencia de políticas de gobierno (agrícolas, industriales, energéticas, de comunicación y de redistribución) que animen al mercado interno y el aumento del empleo formal. No hacerlo significará tener desperdiciada una fuerza de trabajo de alta calificación, con un grado elevado de inconsistencia de estatus, fenómeno que, teóricamente,  da origen a la protesta social.

Por lo demás, el aumento de la matricula requerirá una infraestructura escolar, que demandará inversiones y decisiones respecto a la creación de nuevas instituciones o la expansión de algunas de las ya existentes. Instituciones que tengan prestigio para atraer a la demanda. Instituciones preparadas para recibir a quienes ya han estudiado y deseen actualizar sus conocimientos.

Hay otros retos derivados del aumento de la cobertura. Por ejemplo, es evidente que la ampliación del sector público de la educación superior va a tener que considerar políticas para acceder a una educación de calidad y pertinencia. Lo cual lleva implícito innovaciones pedagógicas, dados los avances y usos docentes de las tecnologías de la información y comunicación.

Además, será necesario contar con un profesorado, en número suficiente, que: 1) tenga capacidad de enseñanza, y para establecer modalidades didácticas, que atraigan el interés de los estudiantes;  2)  goce del tiempo necesario para atender a los estudiantes fuera de clase y; 3) que se beneficie de programas de superación académica para actualizarse. Estos tres puntos van a presionar para cambiar el pésimo sistema de evaluación académica que nos aplican.

La expansión educativa esperada va a influir para alterar las estructuras institucionales. Habrá que dar voz y atraer a los estudiantes al diálogo. Asimismo, fortalecer la relación profesor-alumno, estimular la diversidad de la oferta educativa y la flexibilidad curricular. Las burocracias tendrán que volverse más eficientes y menos privilegiadas, y los sindicatos más democráticos, con mayor rotatividad de sus dirigencias, entendiendo que su labor es de apoyo a la academia.

En suma, el mayor reto será construir un nuevo ethos académico y una nueva cultura política universitaria. El cambio es con miras de largo plazo.

Discutir el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), una vez más

Discutir el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), una vez más
Por  Humberto Muñoz García en Campus Milenio

Hace unos días amanecimos con la noticia de que el CONACYT pagará el total de las becas a los investigadores de instituciones de educación superior privadas que se encuentren en el SNI. Al inicio de la administración de Fox se hizo, por primera vez, esta propuesta. Los presidentes de las comisiones dictaminadoras del SNI la rechazamos.

¿Las razones? El dinero para la ciencia es insuficiente y debe canalizarse a las universidades públicas, porque llevan a cabo la mayor parte de la producción de conocimiento en México y requieren más recursos, particularmente las llamadas ciencias duras. Las universidades particulares, con fines y sin fines de lucro, tienen patrocinadores de la iniciativa privada que deberían apoyar a la ciencia financiando proyectos de investigación, de los cuales pueden derivar emolumentos extras para sus investigadores.

En el 2013, los investigadores nacionales representaron una proporción pequeña del total del personal académico (5,3 por ciento). Son el 22 por ciento de los de tiempo completo y apenas el 51 por ciento de quienes tienen doctorado en la academia. Los miembros del SNI, en las universidades públicas, pueden crecer, y desconcentrarse más,  para lo cual se necesita dinero. También,  se necesitan recursos económicos destinados a programas especiales para fortalecer la investigación en las públicas, y abrir más oportunidades para que ingresen al SNI investigadores jóvenes.

El SNI nació para resolver un problema de política económica del gobierno; un problema de  coyuntura por la caída de los salarios académicos en los años ochenta del siglo pasado.

En ese tiempo, al multichambismo por necesidad,  siguió la idea de que los académicos trabajan poco y no producen cosas relevantes para el país. Y que las instituciones públicas son ineficientes. Esta visión se ha mantenido en varios sectores oficiales. La política de deshomologación salarial fue adoptada, desde entonces, como algo permanente para anclar los salarios y elevar los ingresos académicos selectivamente.

A juzgar por lo que se conoce,  el SNI ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia, a través del crecimiento del número de investigadores, acumulación de publicaciones y de algunas patentes. No obstante, en el país hay poco cultivo de la ciencia y sería mejor cooperar y potenciar, que ponernos a competir por dinero. Sería mejor hacer ciencia para el desarrollo local, que para publicar en journals extranjeros. Las prioridades están invertidas.

En esa discusión hemos estado. Los sistemas de pago por méritos, como lo argumentamos ya hace diez años (Suárez y Muñoz, 2004), vinieron a provocar un fenómeno de desinstitucionalización e individualismo que ha tenido efectos negativos, hasta ahora, sobre el modo de producción del conocimiento. Efectos, a los que hay que darles la vuelta.

Los gobiernos panistas no quisieron corregir tendencias que hubieran dado mayor competitividad al país. El plan actual de desarrollo de la ciencia podría conjuntar esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para tener economías de escala en la investigación. El gobierno tiene el encargo de promover la investigación científica  y exigir que los grandes capitales canalicen más dinero a la ciencia y la tecnología propias, la investigación básica y aplicada. Dejar atrás las visiones negativas y  situar la investigación en un marco que oriente la producción de conocimiento para resolver los grandes problemas nacionales y no tener que depender del exterior.

A estas alturas del Siglo XXI sería deseable un cambio de visión de parte del Estado, con relación a la ciencia y la tecnología. Por lo que respecta al SNI, éste ha funcionado, principalmente, como medio para salvar económicamente a los académicos. Así, la discusión futura debe partir de una política salarial nueva para la academia  y de la noción de que el SNI es un fin para que surjan ideas y se propongan acciones que sirvan para transformar la realidad nacional. Para este cambio del SNI sería bueno consultar a los académicos, en estos tiempos de reforma, para que puedan participar efectivamente haciendo propuestas sobre el futuro del SNI,  que se incluyan en normas que resulten consensadas.

El SNI debe servir  para que en el campo de la investigación se acreciente la fuerza creativa y la innovación, para fortalecer a las universidades públicas, para reconocer a los investigadores de las universidades privadas, como hasta ahora,  para que el investigador gane prestigio y refuerce su identidad proyecto, su compromiso y responsabilidad de trabajar por México. El SNI como fin nos va ser útil para que la sociedad adquiera competitividad y mejore la calidad de vida de la población.

Políticas para la educación superior: los académicos

Políticas para la educación superior: los académicos
Por Humberto Muñoz García  en Campus Milenio

Hay una buena cantidad de literatura y muchas sugerencias sobre cómo mejorar la situación de los académicos. Sin embargo, quienes toman decisiones para conducir la academia no las han tenido en cuenta y, en muchas ocasiones, el contenido de las políticas va en sentido contrario a lo que se ha escrito y resuelto en las investigaciones acerca de este actor universitario.

Hoy, es indispensable investigar más sobre los académicos, porque son ellos los productores de conocimiento y los formadores de las generaciones que van a dirigir el país. También, para saber qué opinan de la denostación que han hecho los medios televisivos de la figura del maestro. En el Simposio La Universidad Pública a Futuro tuvimos una mesa dedicada a los académicos. Recojo tres líneas de conclusiones de la mesa, que también fueron mencionadas en una reunión de investigadores de las ciencias sociales.

La docencia recibe enormes demandas de la sociedad y del plano global, que presionan hacia la innovación, en la era del conocimiento. Es indispensable que las reformas curriculares se hagan en un proceso continuo que adapte el contenido de la enseñanza a los tiempos. Asimismo, mejorar la infraestructura del aula y de la escuela.

Es indispensable que las reformas curriculares se hagan como un proceso continuo que adapte la enseñanza a los tiempos, complementar con otros métodos la exposición oral y llevar a cabo programas de superación con formación pedagógica para usar las nuevas tecnologías. Todo lo cual supone flexibilidad de criterios, confianza en el profesor y amplios canales de comunicación entre autoridades y docentes.

Para revalorar la docencia hay que entender que es una función. Una visión restringida desanima a la academia. No cobra importancia para la evaluación atender a los alumnos después de clase, las tutorías, la elaboración de planes y programas de estudio para el posgrado, la participación en comités de dirección de tesis, encargarse de abrir opciones docentes para diversos públicos, como diplomados y especializaciones, la puesta en marcha de seminarios de investigación fuera del programa curricular, etc. De todas estas actividades se dan constancias, que al final no dan puntos, pero que exigen en los informes.

Sería adecuado establecer varios perfiles para los académicos, derivados de la relación investigación-docencia y que las autoridades presten atención a los criterios de evaluación que se están aplicando, para cambiarlos a favor de un clima que beneficie la relación profesor-alumno. Además, darle celeridad a la renovación de la planta, con programas como los que se llevan cabo en la UNAM, e interconectar a las generaciones de académicos. Asimismo, mejorar la infraestructura del aula y de la escuela.

Un segundo punto es el de las publicaciones. Hay una presión creciente para que se publiquen artículos en revistas indexadas o en revistas extranjeras en inglés. Muchos de estos trabajos se leen por grupos de académicos muy pequeños en el país; las publicaciones en el extranjero, sobre todo en ciencias naturales y exactas, tienen poca repercusión e impacto en la sociedad mexicana y son, en ocasiones, sólo extracción de conocimiento valioso para quienes tienen más capacidad de absorberlo en los países desarrollados.

El volumen de producción de conocimiento en ciencias sociales y humanidades en el país no cabe en las revistas indexadas, lo cual va a afectar seriamente las evaluaciones de los académicos, sí esto priva como criterio de evaluación principal. En estos campos es de la más alta prioridad que los investigadores participen en los medios y que democraticen el conocimiento y la cultura. Su participación en los medios debe evaluarse positivamente, de manera explícita.

Finalmente, los resultados de la encuesta sobre la reconfiguración de la profesión académica en México apuntan dos grandes preguntas: i) ¿por qué es importante que los académicos participen del gobierno de su institución y en la toma de decisiones institucionales? Ii) ¿Se puede mejorar e incrementar su participación? La respuesta es que una participación informada puede ayudar bastante a que las universidades funcionen mejor.

Mucho de lo que ocurre con los académicos, que nos está asfixiando, se debe a que no estamos organizados De ahí que se propusiera la creación de la Asociación Mexicana de Académicos, para servir de interlocutor con las autoridades, con el propósito de mejorar el funcionamiento de las instituciones. Ya se están dando los primeros pasos y son muy firmes.

Aparte. Sr. Rector José Narro Robles. Necesitábamos una respuesta enérgica y digna ante los embates de la CNDH a nuestra casa de estudios, como la que Ud. dio. Es un llamado a todos nosotros para cuidar a la UNAM en estos tiempos de destrucción del espacio público.