Las mujeres… 20 años después

Las mujeres… 20 años después
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

En el foro de alto nivel de la semana pasada, realizado en Santiago, auspiciado por el gobierno chileno y ONU Mujeres, se puso de relieve que, dos décadas después de la puesta en marcha de la Plataforma de Acción de Pekín, la búsqueda de igualdad de género ha sido lenta e irregular.

En 1995, casi dos centenares de representantes de gobierno, dejaron asentado en el punto 35 de la Declaración de Pekín su decisión de: Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, como medio de promover el adelanto de las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel, incluso mediante el aumento de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso a esos recursos para lo que se recurrirá a, entre otras cosas, la cooperación internacional.

El fin de siglo de aquellos años y el inminente comienzo de lo que parecía una promisoria nueva época, era la fecha emblemática para buscar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ése fue el objetivo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en septiembre de 1995 en Pekín, en la cual se elaboró un amplio y robusto documento (“Declaración y Plataforma de Acción”) que sigue siendo el punto de referencia para las iniciativas en la materia.

La Plataforma de Acción está dividida en una docena rubros, a los que llamaron “esferas de especial preocupación”, con asuntos como la probreza o  la violencia que afecta mayormente a la mujer, o bien el desigual acceso a los servicios de salud, educación, lo mismo que su participación en medios y posiciones de toma de decisión, entre otros. En cada esfera se incluyó un somero diagnóstico, así como múltiples y variados compromisos.

Ahora, 20 años después, en el foro de Santiago, el grupo de mujeres ahí reunidas destaca que persiste la desigualdad y declaró que, al ritmo que hoy tiene, lograr la paridad de género en el lugar de trabajo tomaría otros 80 años y más de 30 años para un equilibrio entre hombres y mujeres en los puestos de toma de decisión.

Tal parece que los avances, aunque con una mejoría respecto a lo que ocurría hace 20 años, siguen siendo poco satisfactorios y con algunas diferencias notables. Por ejemplo, en el tema de la educación y capacitación de la mujer, en la declaración de Beijin, en 1995, se destacó que alrededor de 100 millones de niños (por lo menos 60 por ciento eran niñas) no tenían acceso a la educación primaria y alrededor de 960 millones de adultos eran analfabetos (dos terceras partes eran mujeres), en buena medida concentrados en África subsahariana y algunos Estados árabes.

También hicieron notar los sesgos de género en los programas de estudio de las ciencias y algunas de las dificultades con los libros de texto sobre ciencias, como la escasa relación con la experiencia cotidiana de niñas y mujeres, así como el escaso reconocimiento a las mujeres científicas.

En consecuencia, se establecieron algunos compromisos, entre otros: asegurar la igualdad en el acceso escolar, lo mismo que eliminar el analfabetismo en las mujeres e incrementar su acceso a la formación profesional, la educación permanente, la ciencia y la tecnología.

UNESCO (2do Informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos, 2013, p. 18) señala que en el 2011 existían 774 millones de personas analfabetas, de las cuales el 63.8 por ciento eran mujeres. Es decir, respecto de 1995, los números absolutos de personas analfabetas disminuyó, pero en términos relativos las mujeres casi siguieron conservando la misma posición (dos terceras partes del total).

Al final de la década pasada, a nivel mundial, la mayoría de países había logrado la paridad entre los géneros en el ingreso a la educación primaria, aunque lo cierto es que las tasas de admisión de las niñas son considerablemente más bajas en las dos regiones que ya estaban identificadas hace 20 años: África subsahariana y Asia Meridional y Occdental (UNESCO. Compendio Mundial de la educación 2010, p. 31).

Los avances y las mejoras en la vida de las mujeres ha sido importante en estos últimos 20 años, al igual que el mayor reconocimiento y respeto a sus derechos que han logrado. Pero, ciertamente, por un lado, persisten algunas desigualdades que solamente pueden deberse al género. Por otro lado, la Plataforma de Acción de Pekín se propuso una igualdad de género en todas las dimensiones.

Valdría la pena un examen más pormenorizado de los datos y las circunstancias de cada caso. La paridad de género alcanzada en las cifras de matrícula en educación superior en México serían un buen ejercicio.

La educación superior en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico

La educación superior en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

Todavía no hay agenda. Tampoco se sabe cuál será su estructura ni quienes podrían participar; mucho menos hay acciones en marcha. Pero tal parece que en el intrincado horizonte de nuestra vida institucional se abre una nueva ventana para las iniciativas en el terreno de la educación superior.

El año pasado, cuando José Franco asumió la titularidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), resaltó la importancia de las instituciones de educación superior en la generación del conocimiento y al poco tiempo anunció que cambiaría la estructura del organismo.

El Foro es ese espacio que la reforma del sector de 2002 creó y cuya principal responsabilidad es la de ser un órgano permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la junta de gobierno del Conacyt. A la vez, tiene como actividad primordial “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas” (artículo 36).

En el papel, el organismo tiene más de una década de estar en operación, aunque los primeros años se le fueron en establecerse, luego en definir su marco normativo, delimitar sus ámbitos de responsabilidad e influencia y apenas, desde hace unos años, ha tenido una participación más activa en la formulación de propuestas e implementación de iniciativas.

La ley establece media docena de funciones al Foro, pero básicamente debe responder a las consultas que la autoridad le formula y a tratar de recuperar las expresiones de difentes grupos del sector. Esto es, ser un órgano intermedio entre la autoridad y los principales beneficiarios de las iniciativas del sector. Aunque, como ha quedado claro en el tiempo que lleva en operación, el organismo más bien se inclina por un lado o por el otro.

En octubre del año pasado, José Franco, al poco tiempo de tomar posesión como nuevo coordinador del FCCyT, anunció que propondría a la mesa directiva una modificación a la estructura interna del organismo para que funcionara con base en tres coordinaciones adjuntas.

En un principio, al crearse el Foro y cuando estuvo más o menos regularizado su marco normativo, estaba previsto que se integraría por una mesa directiva, un consejo directivo y comités de trabajo especializados. La primera estaba compuesta por 17 integrantes (14 representantes de entidades académicas, educativas y empresariales, y tres representantes designados); el segundo por el coordinador y su secretario técnico.

En el 2005 se modificaron los estatutos del FCCyT para precisar, entre otros aspectos, que la mesa directiva contaría con tres comités de trabajo (por área de conocimiento) y especialmente que podria crear comités ad hoc para llevar a cabo propuestas  o estudios o contratar personas físicas o morales.

En el 2010 se volvieron a modificar los estatutos (ya se registraba la ampliación de la mesa directiva a 23 integrantes), se conservó la facultad de la mesa directiva para crear comités o grupos de trabajo y se especificó que tales comités no se establecerían de forma permanente ni serían considerados como parte del mismo.

Ahora, la idea del actual coordinador del Foro es establecer tres coordinaciones adjuntas para funcionar: una de Innovación Tecnológica, otra de Investigación y una más de Educación Superior y Posgrado. Una organización que seguiría, más o menos, la estructura que tienen el sistema científico y tecnológico, el programa sectorial y el mismo Conacyt. No es una mala propuesta, sobre todo si realizará un trabajo más estrecho con sus consultores.

El pasado 14 de febrero se anunció que ya tuvo lugar la primera sesión de la Coordinación de educación Superior y Posgrado (CAESP), presidida por Jaime Martuscelli, en representación de la UNAM. El objetivo que se le asignó es “identificar mecanismos para cumplir el apartado sobre Educación de Calidad dentro del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI)” (Boletín 026).

En la Coordinación, aparte de la UNAM, participan cinco representantes de instituciones académicas de la mesa directiva del Foro y María Elena Medina Mora, representante del SNI. Según lo anunciado, el próximo 2 de marzo será la fecha límite para que los representantes hagan llegar sus propuestas para integrar la agenda de la CAESP.

Aunque el objetivo asignado a la Coordinación está claramente acotado, habrá que esperar la integración de su agenda y, sobre todo, hacia qué lado apuntarán sus propuestas. Lo peor sería que no vaya a ningún lado.

Las plazas: La novedad efímera para los jóvenes doctores

Las plazas: La novedad efímera para los jóvenes doctores
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

Lo novedoso de esta administración no fue la propuesta de alcanzar uno por ciento respecto al PIB en investigación y desarrollo experimental. Tampoco plantear el impulso a la productividad y competitividad o la idea de crear nuevas instituciones de investigación; ni siquiera el establecimiento de temas y proyectos prioritarios en el sector. Estas medidas, más o menos, se ensayaron en el pasado.

La auténtica novedad fue la iniciativa de crear plazas para los jóvenes doctores, aunque hoy es incierto su alcance y continuidad. La propuesta se perfiló en noviembre de 2013, precisamente en el marco de las negociaciones y diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año, ahí se reservaron los 550 millones de pesos que ahora se ejercen.

El programa se denominó “Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores” y adquirió mayor precisión en febrero de este año, cuando se publicó la convocatoria correspondiente con requisitos y lineamientos a observar. En su momento dijimos que probablemente estábamos ante el inicio de un cambio profundo en el tipo de relación laboral de los académicos (Campus Milenio No. 548).

Sí, por primera vez, el gobierno federal experimenta con una nueva figura laboral en el mercado académico: nombramientos de confianza expedidos por Conacyt a jóvenes investigadores y tecnólogos que se presentaron a la convocatoria de las cátedras. Una política similar a la aplicada por Argentina a través de su Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Según los lineamientos de las cátedras mexicanas, los jóvenes seleccionados son comisionados a instituciones públicas de investigación, pero son reconocidos como personal académico del organismo. Esto es, Conacyt funge como el patrón, no las instituciones receptoras. Incluso, para efectos legales, el lugar en el que están adscritos, no se considera un patrón sustituto, beneficiario final o solidario.

De hecho, en las normas expedidas claramente se indica que: La institución de adscripción no tendrá ninguna relación de carácter laboral con el personal académico comisionado, ni este estará subordinado a la institución de adscripción, por lo que no asumirá responsabilidad alguna en materia laboral y de seguridad social, las cuales correrán a cargo del Conacyt (artículo 8 de los lineamientos).

Por supuesto, la institución de adscripción tiene derechos y obligaciones, pero se especifican en los convenios de asignación de recursos humanos que firma con Conacyt. Por ejemplo, algunas de las obligaciones de la institución son proporcionar a los jóvenes investigadores un espacio físico y servicios de apoyo como lo hace con el resto de su personal, lo mismo que hacerse cargo de los viáticos para su participación en seminarios, congresos y proyectos.

Uno de los aspectos más complicados es el de los derechos de propiedad y de autor que se generan por parte de los comisionados. Al respecto, en el convenio se establece que Conacyt no tiene interés jurídico en esos derechos, sino que serán de la persona física o moral, a quien conforme a derecho le correspondan, pero que la “institución de adscripción  se obliga a compensar o estimular o participar” a los comisionados, en los mismos términos en que lo hace con su personal. Un probable punto de tensión.

Conacyt, como patrón, se hace cargo del salario y de las prestaciones laborales que establece la Secretaría de Hacienda. Desde el comienzo se anunció que seguramente el sueldo mensual para los comisionados sería de 37 mil pesos y un apoyo inicial, por única vez, de 500 mil pesos. La comisión sería por diez años y puede ser renovada tantas veces como sean necesarias, siempre con evaluaciones de por medio.

Los resultados de la convocatoria de la cátedras comenzaron a conocerse el pasado mes de agosto y poco a poco se está completando la información, aunque todavía es necesario desagregar más datos y conocer la recepción que tienen los jóvenes aceptados. Actualmente, tal parece que ya fueron asignadas las 574 plazas y un primer dato que muestra la importancia del tema es que alcanzaron lugar dos de cada diez, puesto que, según el diputado Rubén Benjamín Félix, presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados, se presentaron alrededor de 3 mil aspirantes.

En la convocatoria se especificaron siete temáticas que agrupaban una treintena de retos. Las instituciones interesadas debieron presentar un proyecto grupal (incluir entre tres y cinco jóvenes investigadores) y/o individual (solamente un investigador). A su vez, los aspirantes a las cátedras tenían que inscribirse en el Padrón de Jóvenes Investigadores del Conacyt, puesto que de ese listado serían seleccionados. Los temas fueron: a) ambiente; b) conocimiento del universo; c) desarrollo sustentable; d) desarrollo tecnológico; e) energía; f) salud y g) sociedad.

En total, Conacyt reporta que el programa de cátedras suma 333 proyectos (105 grupales y 228 individuales). En la distribución de proyectos por tema: desarrollo tecnológico: 93 (21 de grupo y 72 individuales); salud: 56 (18 y 38, respectivamente); ambiente 42 (13 y 29); desarrollo sustentable 42 (20 y 22); energía 38 (9 y 29); conocimiento del universo: 35 (9 y 26); y sociedad 27 (15 y 12).

Según las cifras, en un extremo está el tema de desarrollo tecnológico con el mayor número de proyectos y en otro el de sociedad. El primero concentró más de una tercera parte de las 574 nuevas plazas. El Distrito Federal también concentró el mayor número de plazas asignadas: 89; le siguió Oaxaca con 35; luego Michoacán con 33; y al final Tabasco con 3 plazas.

Las universidades públicas, los centros públicos de investigación Conacyt y las instituciones de educación superior federales, como era de esperarse, concentraron el mayor volumen: 176, 151 y 121 plazas, respectivamente. Números más modestos, de 30 a 40 plazas, fueron para otros centros públicos de investigación, instituciones tecnológicas y de salud.

El total de 574 nuevas plazas es relativamente pequeño, comparado con los 3 mil nuevos doctores que egresan cada año en México y sobre todo frente a la demanda acumulada de la última década o quinquenio. Sin embargo, se trata de ese tipo de iniciativas estratégicas, muy localizadas y de gran efecto mediático, que pueden modificar al sistema en su conjunto, especialmente si se sostienen a lo largo del tiempo.

El asunto es que necesitamos una mayor desagregación de la información del programa, también requerimos saber cómo fue y qué resultará de la peculiar inserción de los comisionados, e incluso si tendrá continuidad el programa. Por lo pronto Conacyt, en el proyecto del PEF para el año próximo, en lugar de preveer un  aumento de nuevas plazas-cátedra, respecto a las que se crearon en este año, las redujo a 225 (estrategia programática del PPEF 2015).

Es posible que, como dijo el presidente de la comisión de ciencia de la Cámara, Félix Hays, los diputados incrementen los recursos del PEF para crear 700 nuevas plazas-cátedra. O tal vez no. A más tardar este 15 de noviembre estaremos enterados. El caso es que está en suspenso la viabilidad y alcance de las cátedras; el Peciti ni las menciona. Lo cierto es que el tema de las finanzas públicas no pinta nada bien, el panorama político menos y el desánimo se acumula en miles de jóvenes.

Las cifras y los convenios para abatir el rezago educativo

Las cifras y los convenios para abatir el rezago educativo
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

El analfabetismo, a estas alturas del siglo XXI ya no debiera ser un problema, pero persiste. Es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano con los sectores más vulnerables y tal vez la muestra más reveladora de las fallas de los programas de atención educativa.

La actual administración, como también ha ocurrido en el pasado, se ha planteado atender el problema y hacerlo con la participación específica de otros sectores. No es la primera vez que se recurre a la colaboración explícita; tampoco sería raro que los resultados coincidieran.

Las estadísticas más recientes sobre analfabetismo y rezago educativo muestran que el reto es mayúsculo. Los cálculos del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), dependientes de bases oficiales, son relativamente variables.

Al cierre de diciembre del año pasado, las estimaciones de INEA indicaban que el volumen global de personas mayores de 15 años analfabetas o que no habían concluido la primaria o secundaria (rezago educativo) sumaban 32 millones 92 mil 865. De ese total: 5 milllones 115 mil 854 eran analfabetas; 10 millones 52 mil 846 no habían concluido la primaria; y 16 millones 924 mil 165 no terminaron la secundaria.

Las cifras de este año del INEA, cuando todavía no concluye el año ni se pone en marcha ningún programa especial, muestran una reducción importante sobre las de diciembre de 2013. Ahora el número de personas registradas que no saben leer ni escribir es de 4 millones 795 mil459 y las del rezago total 31 millones 784 mil 016. Esto es, serían 320 mil personas analfabetas menos y 309 mil menos en rezago total.

Sin embargo, respecto de diciembre de 2013, la reducción es de llamar la atención por dos razones. Por una parte, en promedio, en ciclos anteriores, el número de personas alfabetizadas por año son poco más de 100 mil; ahora, en un semestre, van poco más de 300 mil. Por otra parte, respecto de los datos del 2013, aunque la reducción del analfabetismo puede ir a un ritmo mayor que la de quienes concluyen la primaria o secundaria, el primero está incluido en las cifras del rezago, por lo que sus cifras no pueden ser menores a las de este último. ¿Entonces?

La información es del mismo organismo y las bases de cálculo son las mismas. Tal vez el índice de mortandad de la población adulta aumentó repentinamente o alguna de las fuentes es diferente y eso explica las variaciones. Claro, otra posibilidad es el ajuste de las cifras para ir proyectando la reducción. Si los compromisos de la administración son muy puntuales, valdría la pena tener claridad y precisión en las cifras que se alcanzarán.

Las metas comprometidas para el 2018 en el programa institucional del INEA son: disminuir del actual 38 a 33 por ciento el rezago educativo y del 6 al 3.4 por ciento el analfabetismo. En términos absolutos significa que poco más de 5 millones concluirán la primaria o secundaria y 2.5 millones de personas serán alfabetizadas.

Es decir, anualmente, durante los próximos cuatro años, deberán alfabetizarse poco más de 600 mil personas (unas mil 700 diariamente; incluyendo días inhábiles) y más de un millón, también cada año, tendrían que concluir su educación básica que dejaron pendiente. Al mismo tiempo, habría que cuidar que ningún niño o adolescente abandonara la escuela para que no se sumara como nuevo rezago. Nada menos.

La tarea parece difícil, requiere de múltiples y muy variados esfuerzos y por ello parece razonable la campaña que se piensa emprender. Pero tampoco es una novedad. Anteriormente se han celebrado convenios con las propias dependencias gubernamentales y con organismos particulares para que los trabajadores en situación de rezago logren culminar sus estudios. Sin embargo, los resultados han sido francamente modestos.

Lo que ha sido menos frecuente es la participación de organismos particulares como proveedores, no como usuarios, del servicio educativo. En la administración 2000-2006, precisamente cuando se integró el Conevyt y se planteaba abatir el rezago educativo, se firmaron convenios con empresas nacionales y transnacionales, tanto para el desarrollo de software como para infraestructura en comunicaciones. Y, otra vez, los resultados no fueron los que se esperaban.

Recientemente, para la campaña que arrancará en agosto, se anunció la firma de un nuevo convenio entre el INEA y la empresa Microsoft. ¿Ahora será diferente de lo que fue en el pasado? Todo puede ser posible, pero la experiencia no ha sido nada alentadora.

Sin embargo, sin duda, debe atenderse sin demora el impreciso, grave y penoso problema del rezago educativo y requiere la participación de los diferentes sectores.

La certidumbre de las plazas: crear, repatriar y retener

La certidumbre de las plazas: crear, repatriar y retener
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

Una cierta seguridad sobre la promesa de alcanzar el uno por ciento del PIB en la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico puede hacer maravillas o casi. El dinero no lo es todo, pero sin duda facilita algunas cosas.

Por lo pronto, en el sector, los recursos son el lubricante que permite poner en marcha algunas de las principales iniciativas, como la creación de nuevas plazas o el relanzamiento de repatriaciones y retenciones. Y sí, es muy diferente planear con una certeza mínima de recursos, en lugar de hacerlo en franca incertidumbre.

El incremento presupuestal en el ramo 38 de este año y del anterior ha sido tomado como prueba de que se cumplirá, gradual y paulatinamente, la meta de inversión en el sector. A su vez, aunque todavía no se conoce el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), el incremento de recursos ha permitido proyectar diversos programas.

Por ejemplo, como lo comentamos aquí la semana pasada, una vez autorizados los recursos, acordadas las condiciones y resuelto el marco normativo, se abrió la opción de nuevas plazas para investigación. Es el programa denominado “Cátedras Conacyt para Jóvenes Investigadores”.

Los recursos fueron autorizados especialmente para la creación de plazas en este año y por ahora solamente se incluirán 574 nuevos espacios laborales en instituciones públicas. Sin embargo, los contratos que firmarán los jóvenes con el Conacyt serán por diez años y con posibilidades de renovación, así que por lo menos ese será su horizonte de incremento.

Además, dado el volumen de egreso anual de doctores y su expectativa de crecimiento (la matrícula de este nivel se multiplicó por un factor de siete en la última década), está la posibilidad de escalar el programa y expandirlo a otros sectores institucionales. Obviamente, tendría que haber una mayor disposición y certeza sobre los recursos financieros.

Otro programa más, cuyo motor esencial es el de los recursos financieros, es el relanzamiento que hizo Conacyt esta misma semana de Consolidación de Grupos de Investigación. No es una novedad, el programa tiene una década de estar en marcha, pero ha sido sumamente irregular, principalmente porque ha dependido de la disponibilidad y autorización de presupuesto.

El programa de Consolidación incorporó varios subprogramas de distintas épocas que funcionaban de manera independiente con diferentes fondos. Por ejemplo, estaba el fondo de “Cátedras Patrimoniales de Excelencia”, un programa de incentivo complementario a profesores e investigadores distinguidos que funcionó durante los años noventa.

También estaba el fondo para Retener en México y Repatriar a Investigadores Mexicanos, el primero para apoyar a jóvenes recién doctorados para que concluyeran su tesis doctoral y/o se incorporaran a una institución diferente a la que cursaron sus estudios. El segundo, como su nombre lo indica, para facilitar la integración a instituciones nacionales de un investigador mexicano residente en el extranjero. En ambos casos, Conacyt se hacia cargo del apoyo durante un año y luego los asumía la institución receptora.

Según las cifras oficiales, a través de los fondos mencionados en el periodo 1995-2000, se otorgaron alrededor de 1,500 Cátedras y se repatriaron 1,300 investigadores. Sin embargo, las cifras no son muy precisas, dado que en algunos años, la renovación de apoyos se consideraron como nuevos casos.

Al comienzo de los años 2000 desaparecieron las Cátedras, fusionaron otros programas y se creó lo que se denominó Consolidación de Grupos de Investigación, el cual incluyó a) Repatriación de Investigadores Mexicanos; b) Retención de Investigadores mexicanos; c) Profesores Visitantes Mexicanos, c) Descentralización de Investigadores Mexicanos y d) Estancias Posdoctorales de Investigadores Mexicanos. Un énfasis, como se podrá advertir, en apoyar a investigadores nacionales. Sin embargo, a lo largo de la década los números del programa fueron sumamente modestos.

Ahora, con un horizonte promisorio de recursos financieros, vuelve el programa, particularmente la convocatoria para retenciones y repatriaciones, así como para estancias posdoctorales en el extranjero.

Los trámites prometen ser expeditos y se establecen dos periodos de la convocatoria en este año, así que los números deberán reflejarse muy pronto. Si todo depende de la promesa de los recursos para las certezas, esperemos su pleno cumplimiento. ¿O una pronta resignación?

Posdata: En verdad, imperdibles las citas sin nombre.

La descentralización de la actividad científica y tecnológica

La descentralización de la actividad científica y tecnológica
Por  Alejandro Canales en Campus Milenio

El esfuerzo del Estado mexicano por impulsar el desarrollo científico y tecnológico en las entidades federativas, especialmente en las tres últimas décadas, ha sido gradual, pero todavía con resultados insuficientes. Persiste una tendencia geográfica e institucional que concentra las capacidades en las regiones más desarrolladas del país.

Una de las tareas de Conacyt, prácticamente desde que se creó al comienzo de los años setenta, fue la de articular, promover y apoyar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, no ha sido sencillo el fomento en el conjunto de los estados.

A mediados de los años ochenta, con las iniciativas que se llevaron a efecto de reforma del Estado, la descentralización recibió una atención especial, lo mismo que la desregulación y la transferencia de actividades al sector privado. A principios de los años noventa se integró el sistema de centros públicos de investigación y se impulsaron los sistemas regionales de investigación, con la idea de alentar la descentralización. Pero el avance era incipiente.

En 1994, cuando el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplía su primera década de existencia, las instituciones académicas del Distrito Federal concentraban poco más de la mitad del total de miembros del SNI y la proporción llegaba a 67 por ciento si se añadían los establecimientos de los estados de México y Morelos. De hecho, solamente la UNAM concentraba una tercera parte de los integrantes del SNI, casi una cuarta parte de las becas nacionales y captaba la mayor proporción del gasto en investigación y desarrollo experimental.

Hace dos décadas, solamente cinco entidades federativas contaban con un consejo estatal de ciencia, un equivalente al papel que desempeña el Conacyt a nivel federal: Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas y Campeche. Desde el 2011, todas los estados ya cuentan con su respectivo consejo, aunque no todos tienen un programa sectorial ni un respaldo normativo y, aquellos que sí lo tienen no han realizado el mismo esfuerzo por desarrollar las actividades científicas y tecnológicas.

Actualmente, tras décadas de esfuerzo, establecimiento de bases normativas (las reformas a la ley con el capítulo sobre “coordinación y descentralización”) y fomento a las actividades científicas y tecnológicas (principalmente con el establecimiento de los llamados Fondos Mixtos hace una década y la Red), los indicadores se han modificado y seguramente en el mediano plazo lo harán todavía más. Pero persiste la concentración institucional y regional.

Al final del 2011, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) presentó lo que llamó: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Ranking de la producción científica”. Un intento por ordenar y clasificar a las entidades federativas conforme su desarrollo en la materia. En ese entonces, en este mismo espacio, señalamos que no era lo más afortunado ni apropiado, a la vista de las asimetrías y normas, llamarle ranking al trabajo que realizaba el Foro (Campus  No. 454)

En aquel ordenamiento, no parecía ninguna novedad que las entidades con las mejores posiciones fueran las de más alto desarrollo (Distrito Federal; Nuevo León; Morelos; y Jalisco). Tampoco que en la posición opuesta estuvieran las más vulnerables (Tabasco; Chiapas; Oaxaca; y Guerrero).

Hoy, tras dos años, el FCCyT presenta nuevamente su ranking de entidades federativas: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Capacidades y oportunidades de los sistemas estatales de CTI”. Según se advierte, a diferencia del anterior, el actual documento tiene dos novedades. Una, participaron en la elaboración dos nuevos actores: el Conacyt y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).

Esto es, tal parece que se están aproximando más los diferentes organismos del sector.

La otra novedad es que, en términos metodológicos, incorpora el cálculo de los ponderadores por medio de componentes principales y una medida de agrupamiento de las entidades federativas. El asunto es que, por la misma razón y como lo explica el documento, la metodología no es comparable con los resultados del estudio anterior y apenas ahora podría iniciar la serie histórica.

Lo sorprendente es que tanto desde hace décadas, como en el ranking del 2011 y en el actual, aparecen casi las mismas entidades en las posiciones extremas. ¿O es lo esperable? El actual titular del Conacyt ha dicho que impulsará una política diferenciada (a través de los fondos mixtos) para las entidades federativas. Pero no. No será suficiente persistir con la misma medida para avanzar significativamente en la descentralización.

La descentralización de la actividad científica y tecnológica

La descentralización de la actividad científica y tecnológica
Por Alejandro Canales en Foro Consultivo Científico y Tecnológico

El esfuerzo del Estado mexicano por impulsar el desarrollo científico y tecnológico en las entidades federativas, especialmente en las tres últimas décadas, ha sido gradual, pero todavía con resultados insuficientes. Persiste una tendencia geográfica e institucional que concentra las capacidades en las regiones más desarrolladas del país.

Una de las tareas de Conacyt, prácticamente desde que se creó al comienzo de los años setenta, fue la de articular, promover y apoyar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Sin embargo, no ha sido sencillo el fomento en el conjunto de los estados.

A mediados de los años ochenta, con las iniciativas que se llevaron a efecto de reforma del Estado, la descentralización recibió una atención especial, lo mismo que la desregulación y la transferencia de actividades al sector privado. A principios de los años noventa se integró el sistema de centros públicos de investigación y se impulsaron los sistemas regionales de investigación, con la idea de alentar la descentralización. Pero el avance era incipiente.

En 1994, cuando el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cumplía su primera década de existencia, las instituciones académicas del Distrito Federal concentraban poco más de la mitad del total de miembros del SNI y la proporción llegaba a 67 por ciento si se añadían los establecimientos de los estados de México y Morelos. De hecho, solamente la UNAM concentraba una tercera parte de los integrantes del SNI, casi una cuarta parte de las becas nacionales y captaba la mayor proporción del gasto en investigación y desarrollo experimental.

Hace dos décadas, solamente cinco entidades federativas contaban con un consejo estatal de ciencia, un equivalente al papel que desempeña el Conacyt a nivel federal: Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas y Campeche. Desde el 2011, todas los estados ya cuentan con su respectivo consejo, aunque no todos tienen un programa sectorial ni un respaldo normativo y, aquellos que sí lo tienen no han realizado el mismo esfuerzo por desarrollar las actividades científicas y tecnológicas.

Actualmente, tras décadas de esfuerzo, establecimiento de bases normativas (las reformas a la ley con el capítulo sobre “coordinación y descentralización”) y fomento a las actividades científicas y tecnológicas (principalmente con el establecimiento de los llamados Fondos Mixtos hace una década y la Red), los indicadores se han modificado y seguramente en el mediano plazo lo harán todavía más. Pero persiste la concentración institucional y regional.

Al final del 2011, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) presentó lo que llamó: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Ranking de la producción científica”. Un intento por ordenar y clasificar a las entidades federativas conforme su desarrollo en la materia. En ese entonces, en este mismo espacio, señalamos que no era lo más afortunado ni apropiado, a la vista de las asimetrías y normas, llamarle ranking al trabajo que realizaba el Foro.

En aquel ordenamiento, no parecía ninguna novedad que las entidades con las mejores posiciones fueran las de más alto desarrollo (Distrito Federal; Nuevo León; Morelos; y Jalisco). Tampoco que en la posición opuesta estuvieran las más vulnerables (Tabasco; Chiapas; Oaxaca; y Guerrero).

Hoy, tras dos años, el FCCyT presenta nuevamente su ranking de entidades federativas: “Ranking nacional de ciencia, tecnología e innovación. Capacidades y oportunidades de los sistemas estatales de CTI”. Según se advierte, a diferencia del anterior, el actual documento tiene dos novedades. Una, participaron en la elaboración dos nuevos actores: el Conacyt y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales Ciencia y Tecnología (Rednacecyt). Esto es, tal parece que se están aproximando más los diferentes organismos del sector.

La otra novedad es que, en términos metodológicos, incorpora el cálculo de los ponderadores por medio de componentes principales y una medida de agrupamiento de las entidades federativas. El asunto es que, por la misma razón y como lo explica el documento, la metodología no es comparable con los resultados del estudio anterior y apenas ahora podría iniciar la serie histórica.

Lo sorprendente es que tanto desde hace décadas, como en el ranking del 2011 y en el actual, aparecen casi las mismas entidades en las posiciones extremas. ¿O es lo esperable? El actual titular del Conacyt ha dicho que impulsará una política diferenciada (a través de los fondos mixtos) para las entidades federativas. Pero no. No será suficiente persistir con la misma medida para avanzar significativamente en la descentralización.

La reorganización del Conacyt

La reorganización del Conacyt
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

Las principales iniciativas en el terreno de la ciencia y la tecnología todavía no se aprecian con claridad”, sostuvimos aquí la semana pasada. Alrededor de la fecha emblemática del primer año de gobierno, aparecieron algunos elementos más que ofrecen atisbos de las líneas de política sectorial. No son un programa —el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación deberá estar listo a más tardar en abril del año próximo—, pero anticipan algunas de las novedades que podríamos encontrarnos.

En la LXIV Asamblea de Anuies de la semana pasada, el titular de Conacyt, Enrique Cabrero, adelantó algunas de las líneas de trabajo que piensa poner en marcha. Un primer aspecto que conviene resaltar es la presencia misma del director del organismo en la sesión; no es inusual pero ciertamente no ha sido frecuente.

La relación de Conacyt con el sector educativo es lógica: se encarga de incentivar y diferenciar la formación de posgrado, tanto como de establecer los lineamientos de respaldo a la investigación científica. No por nada el organismo estaba sectorizado a Educación. Sin embargo, desde su desectorización de SEP, la Secretaría de Economía ha ejercido una mayor influencia y Conacyt ha sido más proclive a establecer un vínculo más fuerte con tal secretaría.

Entonces, si ahora, el organismo encargado de establecer las políticas científicas y tecnológicas, desde su relativa independencia, diversifica sus vínculos con diferentes actores y comunidades, podría estar en mejores condiciones de establecer entornos propicios para la recepción y respaldo de sus medidas. Por la misma razón, no se entiende porque, en ocasiones, se ha mostrado tan refractario a establecer lazos.

En la sesión de Anuies, el director de Conacyt reiteró el conocido diagnóstico de la escasa inversión en la materia, el reducido número de personal de alto nivel, la falta de articulación entre universidad y empresa, entre otros aspectos.

Lo relativamente novedoso que dijo Enrique Cabrero, en correspondencia con su audiencia que estarían implicados en la futura medida, fueron algunas precisiones sobre las “Cátedras Conacyt” que se pondrán en operación el año próximo. Una medida que ya comentamos aquí, cuando se autorizaron 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo.

Según lo que indicó el funcionario, las cátedras serán plazas para jóvenes doctores (hombres de hasta 40 años y mujeres de hasta 43 años) en instituciones públicas de educación superior y centros de investigación. La operación de las plazas será responsabilidad del organismo, pero se espera que después de cinco o siete años las instituciones receptoras asuman tales contrataciones.

Sin duda, la posibilidad de crear plazas académicas es una medida necesaria e importante para aminorar el desencanto y la frustración de miles de jóvenes que no ven alternativas laborales próximas. Aunque el número que se está proyectando es insuficiente para el actual volumen de graduados y las tendencias del egreso del doctorado. Lo más complicado, sin embargo, será sostener el tan publicitado incremento en el nivel de inversión para ciencia y tecnología hasta llegar al uno por ciento del PIB y la partida especial para las plazas.

Quizás porque el adelanto de medidas en la sesión de ANUIES fue insuficiente para la fecha de corte del primer año de gobierno. En la víspera del primero de diciembre, Conacyt difundió un comunicado en el que se destacó otra medida relativamente novedosa: su reorganización.

En el primer semestre del año próximo, según lo especificado, Conacyt podría generar una especie de red activa entre sus centros públicos de investigación para diferentes propósitos. Ahora, con la ausencia de detalles, parece difícil de lograr el trabajo en red, a la vista de la trayectoria y coordinación que han seguido los Centros Públicos de Investigación, habría que esperar la estructura de incentivos.

Otra medida de mayor impacto es la idea de crear 10 o 15 consejerías alrededor del mundo. Una estructura de representación de la política científica y tecnológica en el exterior que dependería de las embajadas de México en algunos puntos geográficos sobresalientes. Esto es, la búsqueda de una proyección internacional.

Las medidas anunciadas siguen siendo insuficientes para valorar la política de la actual administración, apenas son una atisbo; habrá que esperar el programa especial. Lo evidente es que las capacidades e instrumentos de Conacyt, con las sucesivas reformas, poco a poco se han incrementado. Ahora falta la demostración de los hechos.

Los dineros para la actividad científica y tecnológica

Los dineros para la actividad científica y tecnológica
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

La inversión es uno de los instrumentos más presentes en el terreno de las iniciativas para la actividad científica y tecnológica, tanto para los organismos internacionales como para los gobiernos nacionales o las comunidades de referencia. También es uno de los motivos más frecuentes de controversia entre los diferentes grupos de científicos y la autoridad correspondiente y de ésta hacia los empresarios que no parecen muy dispuestos a participar.

Desde el 2002 la legislación educativa, en su artículo 25, estableció que se debe destinar, al menos, el uno por ciento del PIB de gasto público para investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior. Nótese que se refiere a gasto público y es solamente gasto en instituciones educativas. Un ordenamiento que en su momento pareció realizar las expectativas de algunos legisladores y científicos, pero que simplemente ha resultó imposible llevar a efecto. Si se pusiera en marcha implicaría más que duplicar el presupuesto para toda la educación superior y suponer una infraestructura que hoy no se aprecia en el conjunto de universidades. A pesar del error, la norma persiste.

El año próximo se cumplirá una década de la otra modificación importante a la legislación científica y tecnológica. La adición del artículo 9 Bis a la ley sectorial para precisar que: “El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado —Federación, entidades federativas y municipios— destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

En ese párrafo de la ley se establecieron las precisiones y condiciones que la normatividad educativa había soslayado. Por ejemplo, el esfuerzo financiero sería “con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público”, o sea, cuando se pudiera. Más importante: el monto de los recursos financieros para cumplir lo que dice la ley son de gasto nacional y no solamente para instituciones educativas. Esto es, los recursos incluyen gasto público y privado y son para todas las actividades científicas y tecnológicas, independientemente del recinto en el que se lleven a efecto.

De cualquier forma, ni lo que dice una norma ni la otra se ha cumplido en la década previa. El volumen de recursos para investigación científica y desarrollo experimental (IDE), como proporción del PIB, se ha mantenido entre el 0.41 y el 0.43. Una cifra que representa menos de la mitad de lo que está previsto en la ley. En estas mismas páginas de Campus hemos registrado las vicisitudes de los cambios legislativos, lo mismo que la cíclica disputa por los recursos financieros con Hacienda o la intervención de grupos y personalidades del ámbito científico para presionar por mayores recursos. O bien, el ejercicio legal del Foro Consultivo, a través de una demanda administrativa, para que se cumpliera la ley. El hecho incontrovertible es que la normatividad, a pesar de sus salvedades, se ha incumplido en materia de financiamiento.

Pronto se disipó la expectativa que despertó el cambio de siglo y la alternancia. Al diagnóstico de que Conacyt solamente controlaba una proporción muy limitada del presupuesto federal para el sector y la mayor parte de esa escasa proporción era para becas y el sostenimiento del Sistema Nacional de Investigadores, se dispuso un cambio organizacional y administrativo relevante.

La modificación operada en la década previa culminó con la desectorización de Conacyt de la SEP —aunque después la Secretaría de Economía tuvo una mayor intervención— la creación de una ramo de gasto propio (el ramo 38) en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la promulgación de la actual ley de ciencia y tecnología, la cual no solamente incluyó el ya comentado artículo 9 Bis, sino modificaciones importantes en el conjunto de órganos del sector.

Al inicio de la década pasada, el gobierno de entonces, se trazó metas ambiciosas para el final de su mandato, como la de duplicar el presupuesto nacional para ciencia y tecnología (de 0.75 a 1.5 por ciento del PIB), lo mismo para IDE (de 0.45 a uno por ciento del PIB) o elevar la participación relativa del sector privado en el financiamiento de IDE (de 0.31 a 40 por ciento). Está por demás reiterar que, nuevamente, no se cumplieron los propósitos, salvo en lo concerniente a la reorganización del sistema y en lo referente a la participación del sector privado. Aunque, luego, como lo comentamos en su oportunidad, se complicaron las relaciones entre autoridad, grupos de científicos y empresarios por la detección de cierto tipo de irregularidades en el otorgamiento de incentivos fiscales a empresas.

El asunto es que la promesa de los recursos financieros ha permanecido como una constante, renovándose en cada cambio gubernamental, presente en las negociaciones anuales del PEF en el Congreso y cada vez con una mayor dependencia del gobierno federal y especialmente de la Secretaría de Hacienda.

El nuevo periodo

La promesa se volvió a formular en la actual administración. En el Pacto por México se dijo que se daría un “impulso sin precedentes” a la ciencia, la tecnología y la innovación. En el mismo documento se planteó como uno de sus objetivos que se daría cumplimiento a lo que dice la ley y  se alcanzaría “de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB” en investigación científica y desarrollo tecnológico.  Tal incremento, se dijo, comenzaría en el presupuesto de este año. Las cifras indican que, respecto del 2012, efectivamente, el aumento fue de alrededor de siete mil millones de pesos.

El objetivo planteado en el Pacto, como todos los que se formularon entonces, fueron recuperados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la actual administración. La formulación no alcanzó la contundencia de un impulso sin precedentes anunciado en el Pacto, sino más bien como una estrategia de “contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de uno por ciento del PIB”. Una estrategia que incluye como líneas de acción la participación de todos los sectores (público, privado y social) en el gasto sectorial, la promoción de la inversión que realizan las instituciones de educación superior e incentivos para promover la participación del sector productivo en el financiamiento.

Seguramente, como la marca la ley, la estrategia de contribuir a la inversión nacional del uno por ciento en el sector, planteada en el PND, será recuperada y desarrollada en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), el cual deberá estar listo a más tardar en abril del año próximo. Por lo pronto, solamente está el dato del segundo PEF que elabora la actual administración para valorar si se encamina a cumplir con la meta autoimpuesta.

En el proyecto que remitió el gobierno federal al Congreso en septiembre de este año, consideró un volumen de gasto en ciencia y tecnología para todas las dependencias gubernamentales del orden de 81 mil 810 millones de pesos (incluye recursos fiscales y los generados en las propias dependencias). En términos corrientes, un aumento de poco más de 11 mil millones, respecto del presupuesto actual; en términos reales alrededor de un 11 por ciento. A su vez, para Conacyt planteó un presupuesto de 31 mi 586 millones de pesos. Esto es, respecto de este año, le adicionó 6 mil millones de pesos más, lo cual representa aproximadamente 20 por ciento en términos reales.

En el presupuesto que aprobaron recientemente los diputados, modificaron ligeramente la propuesta del ejecutivo federal. En el volumen general, aumentó levemente a 81 mil 860 millones de pesos (52 millones de pesos más a la propuesta original), pero con diferencias importantes para algunas dependencias gubernamentales. Por ejemplo, Sagarpa, SEP y Salud tuvieron incrementos: 142 millones, 36 millones y 12 millones de pesos, respectivamente. El aumento más importante fue en el rubro de “previsiones salariales y económicas”, el que tiene que ver con incremento de salarios y creación de plazas, pues le añadieron poco más de 361 millones de pesos. Otra decena de secretarías permanecieron sin cambios. Por el contrario, y curiosamente, a Conacyt fue al único que le quitaron 500 millones de pesos.

El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no precisa la argumentación del decremento para Conacyt. El director del organismo rector de las políticas científicas tampoco se ha inconformado públicamente. Lo que sí es un hecho es que la disminución no toca a la propuesta del gobierno federal de destinar 550 millones de pesos para la creación de nuevas plazas para investigadores. Ese monto fue aprobado por los legisladores y está considerado en el rubro correspondiente.

El titular del Conacyt, Enrique Cabrero, ha hablado de la creación de un Programa de Cátedras para Jóvenes Investigadores, en el cual se tiene previsto ocupar los recursos autorizados y la creación de medio millar de plazas. Sin embargo, las característica del programa todavía no están claras. Seguramente deberá tener una articulación con las hasta ahora desconocidas líneas de acción del programa sectorial de esta administración.

En resumidas cuentas, ingresamos a un nuevo periodo en el que persiste la idea de alcanzar un porcentaje de inversión en las actividades científicas y tecnológicas. A la fecha, prácticamente, es la única y principal estrategia anunciada por la presente administración. En la década anterior, la meta solamente quedó en el marco normativo del sector. Actualmente, el incremento presupuestal de los dos primeros años parecen encaminarse a cumplir lo que dice la ley, pero todavía es incierto si el esfuerzo se sostendrá y si los incrementos se aplicarán en el indicador correcto: solamente en IDE. Nada más.

El Consejo General de Investigación Científica y el presupuesto consolidado

El Consejo General de Investigación Científica y el presupuesto consolidado
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) ya cumplió una década desde que se instauró como tal, pero no funciona como debiera y difícilmente alcanzará un nivel óptimo de ejecución. Es más una falla de diseño institucional y un reflejo de los estilos y actores de la política mexicana.

La reforma del año 2002 a la normatividad científica y tecnológica fue un vuelco paradójico e importante en el diseño institucional del sector. Los cambios fueron un movimiento doble: buscar la descentralización y, al mismo tiempo, centralizar la toma de decisiones y controlar la palanca de los recursos financieros.

Las estructuras que apuntaron fundamentalmente en la dirección de una descentralización fueron: el ajuste a lo que en la ley de 1999 se llamaba Foro Permanente y luego se llamó Foro Consultivo, una instancia de expresión de la comunidad científica y también de consulta de órganos directivos; la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnológica para coordinar e impulsar las actividades entre Conacyt y las entidades federativas —la cual, por cierto, poco se ha visto—; el establecimiento de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación; y el incremento de capacidades a los Centros Públicos de Investigación.

En cambio, las modificaciones que se dirigieron a una mayor centralización fueron: la creación de un ramo de gasto propio de Conacyt (lo que después sería el ramo 38 en el Presupuesto de Egresos), la famosa desectorización del organismo para elevar su capacidad de maniobra e independencia; mayor control del mismo organismo sobre los entonces relativamente novedosos fondos sectoriales y mixtos; y la creación del CGICDTI, lo que parecía uno de los mayores logros de la reforma del 2002. Pero no, no lo fue.

El Consejo, se estableció como el máximo órgano de política y coordinación sectorial, presidido por el ejecutivo federal. Además, se previó que estaría integrado por: nueve secretarios de Estado; el titular de Conacyt; el coordinador del Foro Consultivo; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional; tres representantes del sector productivo;  dos representantes del sector científico y tecnológico, invitados por el presidente de la República; un representante de los Centros Públicos de Investigación; y otro más de ANUIES.

En total, el Consejo se integra por una veintena de personajes de alto nivel, convergen representantes de todos los sectores y, lo que todavía se piensa más importante, está comandado por el titular del poder ejecutivo federal. Una impronta vigente que busca acercar los asuntos al Presidente para garantizar su prioridad y el cumplimiento de las decisiones.

Las facultades reservadas al CGICDTI son de máxima importancia. Por ejemplo, es responsable de establecer las políticas nacionales y de aprobar y actualizar el programa sectorial (el Peciti). También tiene como funciones el establecimiento de criterios y prioridades para la asignación del gasto federal, lo mismo que la definición de lineamientos programáticos y presupuestales a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, el CGICDTI, pese a sus altas responsabilidades y al mandato que tiene de sesionar dos veces por año de forma ordinaria, lo cierto es que en la década previa ha funcionado de forma accidentada y con suma irregularidad. Suficiente recordar la demora para aprobar el programa sectorial en la administración anterior o la ausencia para entregar los premios de la Academia Mexicana de Ciencias.

¿Actualmente la situación será diferente? Seguramente no. Otra de las responsabilidades del CGICDTI es aprobar el “proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación que será incluido, en los términos de las disposiciones aplicables, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” (fracción V del artículo 6 y artículo 9 de la LCTI).

El asunto es que, como seguramente lo recordará estimado lector, el Paquete Económico para 2014 fue remitido al Congreso el 8 de septiembre y la sesión de instalación del Consejo en donde debió ser aprobado el proyecto que se envió fue al día siguiente en Los Pinos. ¿Es grave la irregularidad? No. Solamente exhibe la utilidad de los cambios normativos, tanto como las formas y estilos del Consejo. Nada más.