Se aprueban importantes reformas a las leyes en beneficio de la ciencia y la tecnología

Se aprueban importantes reformas a las leyes en beneficio de la ciencia y la tecnología
Por Elizabeth Ruiz Jaimes y Fabiola Trelles Ramírez en la Academia Mexicana de Ciencias

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) se congratula por la aprobación de las modificaciones a las leyes de ciencia y tecnología, y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, respectivamente, y reconoce el impulso y trabajos que la comisión de ciencia y tecnología de la LXIII legislatura ha realizado.

“Es alentador que los trabajos de la comisión hayan iniciado con la presentación de esta iniciativa y más que se haya logrado el consenso del pleno para su aprobación”, sostuvo el presidente de la AMC, Jaime Urrutia Fucugauchi.

Este día la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dichas modificaciones permitirán la vinculación de investigadores de centros e instituciones públicas con el sector privado, evitando conflictos de intereses, lo que contribuirá al desarrollo económico de nuestro país y al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, indicó.

En conferencia de prensa, tras concluir en el pleno la votación (438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones), el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Bernardo Quezada Salas, dijo que hoy “se ha reflejado prácticamente el anhelo de toda la comunidad científica del país al eliminar por fin el conflicto que existía en el desarrollo de ciencia y tecnología. Todas las bancadas están empujando el beneficio de los compañeros científicos; este conflicto de intereses hoy se ha roto y tenemos en la comisión la aspiración de que este país cambie a través de la inversión privada en el sector”.

Señaló que con este cambio se estará en posibilidad de pasar del lugar 11 al 5 entre las economías del mundo en inversión en CTI, y que el conflicto de intereses metía al país en un retroceso muy importante en el arranque de este nuevo siglo.

“Las reformas van a traer principalmente generación de oportunidades para quienes han hecho CTI silenciosa sin el suficiente apoyo. Esto hará que nuestro país tenga la posibilidad de convertirse en una potencia que fomente la inversión en México, dijo por su parte la diputada Mirza Flores Gómez.

Explicó que los científicos estaban limitados a generar inversión en proyectos porque se les consideraba servidores públicos al utilizar dinero público para la investigación, aunque reconoció que los países sí están obligados a invertir en investigación, “lo que es una aberración es que se ponga un candado para que esto no crezca”.

Al respecto, Quezada Salas añadió que antes de las reformas “no se podía promover o explotar innovaciones, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional ha hecho investigación y ha desarrollado una crema de caracol que permite eliminar las cicatrices con la baba de ese organismo, y eso no se podía comercializar porque se hizo en una universidad pública, pero al aprobarse las reformas se abrirán oportunidades con la iniciativa privada, y sobre todo habrá un beneficio para la sociedad”.

En este sentido, la diputada Elisa Talavera consideró que las modificaciones tienen el objetivo de “darle la oportunidad a los investigadores mexicanos para que pueden asociarse con los centros de investigación, con las empresas y participar del usufructo de esa investigación, lo que además va a generar empleos y quizás también muchas empresas nuevas que van a dar empleo a los investigadores jóvenes mexicanos”.

Durante la discusión de las reformas y la conferencia de prensa, estuvo presente un grupo de investigadores procedentes de varias instituciones de nivel superior y de centros de investigación del país.

El doctor José Mustre de León, director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), consideró que la institución que dirige se verá beneficiada porque “realizábamos una buena producción de investigación, pero desgraciadamente las patentes teníamos que venderlas a la industria extranjera, pero ahora que no tenemos conflicto de intereses, se va a fomentar que la investigación que estamos haciendo sea aprovechada por la iniciativa privada del país, no se va a ampliar drásticamente la cantidad investigación, porque esto ya lo hacíamos desde antes, pero la diferencia principal es que va a ser aprovechada en forma mucho más útil por la sociedad mexicana”.

Compartió que el Cinvestav es una de las instituciones que más patentes genera en el país gracias al trabajo de los investigadores, los cuales representan menos del 5% del total del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).”La unanimidad que se logró en torno al sector es un buen mensaje no sólo desde el punto de vista de la ciencia sino del legislativo.

Julio Mendoza Álvarez, secretario general del Instituto Politécnico Nacional, abundó que “esto es un parteaguas para la comunidad científica porque va a abrir la posibilidad de llevar los desarrollos científicos a la comercialización, así, un investigador que además de hacer su investigación con todos los alicientes, ahora tendrá otras oportunidades. Realmente es algo que va cambiar mucho las cosas en el sistema nacional de ciencia y tecnología del país”.

Además, dijo, representa una ventaja para los jóvenes que están haciendo su doctorado, porque verán que hay una salida para ser socios o formar empresas, “es algo que les va a cambiar la mentalidad, incluso a los científicos que ya están establecidos en alguna institución”.

Por último, René Asomoza Palacio, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), consideró que esta legislación es un gran paso, “quita los candados que había para los investigadores que ahora podrán participar con sus desarrollos. Los investigadores ahora podrán generar ingresos, empleo y con esto también se va a frenar la fuga de cerebros, se va generar riqueza y empleo, porque ya no habrá conflicto de interés a la hora de comercializar el conocimiento”.

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Senado plantea mejorar la educación superior

Senado plantea mejorar la educación superior
Por Carla Ramírez Torres en Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Con objeto de contribuir al mejoramiento de la educación superior y las políticas públicas del entorno, en tanto compromisos de Estado que fortalezcan el desarrollo del país, el Senado de la República inició este día en el auditorio “Octavio Paz” el foro Desafíos y Tendencias de la Educación Superior en México, donde directores, rectores, y presidentes de diversas instituciones de educación superior (IES) analizan las deficiencias y fortalezas de este nivel educativo.

En la inauguración, el maestro Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, explicó que uno de los motivos por lo que se convocó a este foro es porque desde el punto de vista legislativo no se ha puesto el énfasis necesario en lo que compete a la Educación Superior.

“Pretendemos hacer una reflexión sobre qué es México, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo queremos saber cómo es que la cobertura, la calidad, la equidad y la pertinencia pueden tener un sentido en cada uno de los habitantes del país”, mencionó el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Por su parte, Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), institución integrante de la Mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., dijo que este evento considera una propuesta de agenda legislativa en la cual, que desde la posición de la ANUIES, considera de vital importancia.

“México merece un sistema de Educación Superior robusto y de excelencia en sus modelos de enseñanza, de primer impacto en su investigación que coadyuve en el desarrollo de país”, dijo.

El también ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) mencionó que la educación superior actualmente es impartida por más de tres mil instituciones públicas y particulares con diversos perfiles y visiones. Este conjunto de instituciones ofrece más de 31 mil programas educativos y atiende una matrícula de poco más de cuatro millones de estudiantes, de los cuales, aproximadamente 3.5 millones realiza sus estudios en la modalidad escolarizada y poco más de 500 mil en la no escolarizada.

“Nuestros análisis en los últimos meses han arrojado tres conclusiones: los actuales medios de coordinación y regulación se presentan insuficientes, pero con grandes potencialidades de mejora para impulsar una nueva dinámica de crecimiento; no existen mecanismos institucionales para el financiamiento de la educación superior con una perspectiva de largo plazo que permita impulsar el desarrollo de la en la ciencia la tecnología, la información y la cultura; y la falta de congruencia.

Para ello sugiere fijar el pilar normativo, y explicó que es fundamental que se analice integralmente el marco jurídico que regula de educación superior de México, una redefinición de las reglas para el otorgamiento de los reconocimientos de validez oficial de estudios, así como mecanismos claros para la  participación de proveedores de educación superior, incluso lo extranjeros.

En la inauguración del Foro Desafíos y Tendencias de la Educación Superior en México también contó con la participación de Héctor Arreola, coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en representación de la Secretaría de Educación Pública; Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES); Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado de la República y Fernando Herrara Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Es imposible alcanzar 1% del PIB en Ciencia y Tecnología sin la reforma

Es imposible alcanzar 1% del PIB en Ciencia y Tecnología sin la reforma
Por Emiliano Cassani Serrano en Foro Consultivo Científico y Tecnológico

De no concretarse las modificaciones realizadas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que ya se habían aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, será imposible que el gobierno federal pueda alcanzar su compromiso de llegar al 1% del PIB para ciencia y tecnología, afirmó el ex diputado federal Alejandro Rangel Segovia, en el VIII Congreso Internacional y XII Congreso Nacional “Innovación para el futuro: emprendimiento, sistemas e Inclusión”.

En el congreso organizado por la Red de Investigación y Docencia sobre Innovación Tecnológica (RIDIT), Rangel Segovia, explicó que el Senado de la República aún no aprueba esta modificación porque desea ampliar el espectro que contempla que sean todas las instituciones educativas las que puedan formar alianzas estratégicas con el sector privado y no como lo planteaba la propuesta original que proponía que solo fueran las instituciones de educación superior.

“Es un reto de revisión imaginar esta propuesta de modificación de ley que incluya a las instancias de educación media superior. Los CBTIS, Cecati y Conalep son un ejemplo de que los estudiantes en la práctica pueden tener una vida muy activa en las empresas, sin embargo no basta solo tener ideas que se puedan aplicar, se requiere toda una formación específica y un perfil de investigadores en la institución que puedan avalar los desarrollos tecnológicos”.

Dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, fue incluso inquietante, como lo describió el ex diputado Rangel, que el Senado de la República quisiera ampliar tanto el espectro en esta modificación de ley, se pensaba que habría un impacto presupuestal considerable aunque al final resultó que no habría tal.

Además, aseguró Alejandro Rangel, que un número considerable de científicos con los que tuvo la oportunidad de trabajar, expresan que las empresas no apuestan ni invierten si no hay un equipo sólido de investigadores que respalden los desarrollos, porque obviamente las oportunidades que pueden surgir sobre la trayectoria, solo un grupo experto tendría la capacidad de identificarlas.

Dentro del primer panel, estuvieron presentes: la doctora María del Pilar Monserrat, directora del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT); doctora Gabriela María Luisa Riquelme, directora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS); doctor Leonel Corona Treviño, fundador de la Red de Investigación y Docencia sobre Innovación Tecnológica (RIDIT); maestra en ciencias María Eugenia Beatriz Hernández, directora del Centro de Educación Continua, unidad Allende; y el exdiputado Alejandro Rangel Segovia.

Dicho congreso se llevó a cabo el siete de septiembre del año en curso, en el Centro de Educación Continua unidad Allende, del Instituto Politécnico Nacional y terminará el día nueve de septiembre con el panel “Desafíos de la investigación y docencia en innovación tecnológica en México”.

$260 millones para los proyectos de ciencia y tecnología

$260 millones para los proyectos de ciencia y tecnología
Por Víctor Ballinas en Jornada

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el priísta Alejandro Tello Cristerna, destacó que alrededor de 260 millones de pesos, producto de las sanciones por los comicios de junio pasado, serán otorgados a 16 entidades del país y deberán ser destinados a proyectos de ciencia y tecnología.

Durante la entrega de los libros blancos de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que contienen el trabajo realizado por la 62 Legislatura 2012-2015 de esa instancia, el senador priísta aseveró que esos recursos son oxígeno puro para que los gobiernos estatales impulsen programas de ciencia.

Tello Cristerna subrayó el incremento presupuestal para este sector en el país y las reformas aprobadas en materia de investigación científica, divulgación de la ciencia, desarrollo para el sector energético, equidad de género, ciberacoso y sanciones electorales.

El priísta destacó que los recursos para inversión en este sector aumentaron de 59 mil millones de pesos a casi 88 mil millones este año, es decir, el gasto tuvo un incremento real de 35 por ciento, con lo que la inversión pasó de 0.44 por ciento, con relación al producto interno bruto (PIB), a casi 0.56 por ciento, cifra nunca antes alcanzada.

Tello Cristerna refirió que loslibros blancos serán la base para muchos de los trabajos que desde el Senado se seguirán promoviendo para aumentar el presupuesto, y con ello el desarrollo del sector, para beneficio de los diferentes grupos de la sociedad.

El director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, manifestó su confianza en que la próxima legislatura concluya el proceso de aprobación de la ley que abre la posibilidad de que investigadores, centros públicos e instituciones académicas trabajen con el sector productivo a fin de incentivar la innovación y la generación de patentes y de invenciones.

Ciencia y tecnología: ¿Base cero para 2016?

Ciencia y tecnología: ¿Base cero para 2016?
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

Todavía no hay cifras del volumen de gasto. Pero, por lo pronto, para el año próximo, el número de programas presupuestarios del Conacyt pasan de 19 a 13. Seguramente su presupuesto no se reducira en la misma proporción, aunque es indudable que tendrá un efecto en los recursos para el 2016.

Seguramente, estimado lector, lectora, recordará que en enero de este año, cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un recorte al gasto público, también dijo que habría una revisión general para diseñar el presupuesto para el 2016: se haría bajo un esquema de base cero. Uno en el que se evitarían duplicidades y eliminarían los programas que no cumplían sus propósitos o los de escasa rentabilidad social.

En las diferentes áreas de la administración pública, después del desconcierto provocado por el anuncio y con la idea de que eso no podía significar más que menores recursos para el año próximo, comenzaron a revisar sus respectivas estructuras programáticas de gasto para ver qué podían sacrificar.

La Secretaría de Hacienda emitió unos lineamientos para especificar cómo se debía estructurar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF). Ahí, el pasado mes de junio, aclaró que serían cuatro los ejes que orientarían la revisión y estructura: servicios personales; gastos de operación; programas presupuestarios; y programas y proyectos de inversión (Oficio No. 37-A 2292).

Las entidades de la administración pública le canalizaron sus respectivas propuestas y Hacienda integró el documento “Estructura programática a emplear en el PPEF 2016”, mismo que ya entregó a los diputados el útimo día del mes de junio. En ese documento se precisa que en este año existen 1,097 programas presupuestarios y para el año próximo habrá 851; una disminucion de 22.4 por ciento. Es decir, en total se fusionaron, re-sectorizaron o eliminaron 247 programas.
En la jerga administrativa, los programas presupuestarios (Pp, como los abrevia Hacienda) es una categoría programática que agrupa las asignaciones presupuestarias que reciben las entidades —como Educación, Conacyt o el INE— para un cierto propósito y el logro de resultados. Porque, a diferencia de los años setenta en que la planeación se regía por el “presupuesto por programas”, desde fines de los años noventa se supone que está orientada a resultados.

No es la primera vez que se modifican o reducen los Pp. De hecho, cada que se fusiona o de-saparece una entidad administrativa o se crea un ramo de gasto, se modifica su número. En la última década más bien han disminuido, aunque no necesariamente los recursos. Pero tal vez para el año próximo, con 247 Pp menos, sea la reducción más rápida y significativa.

En el caso de Conacyt, según el documento entregado a los diputados, en el rubro de apoyo institucional se planteó un solo Pp: “Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación” y se eliminaron tres existentes que, dice Conacyt, tenían objetivos convergentes. El mismo caso fue en fondos mixtos, ahí quedó el Pp “Fomento regional de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” y se eliminaron el de “Fomento regional” y el de “Fortalecimiento de entidades federativas” (en el que se incluye el Fordecyt).

En el caso de posgrado, los programas de apoyo a la consolidación institucional y de becas de posgrado, los fusionaron y se nombró al Pp “Becas de posgrado y apoyos a la calidad”.  Por último, para los Centros Públicos de Investigación, los tres programas de gasto que tenían (uno para los de investigación, otro para desarrollo tencológico y uno más para publicaciones) quedaron englobados en uno solo.

Lo que se puede advertir es que los nuevos rubros de gasto no solamente tendrán implicaciones administrativas, también orientan y centralizan las acciones. No está mal un poco de racionalidad en el abigarrado y oscuro mundo del gasto público. El problema es que eso casi siempre significa reducción de recursos y, lo peor, aplicados discrecionalmente.

Un tipo de asignación presupuestal, todavia sin aclarar, lo tenemos en lo reportado por la revista Nexos el mes anterior, en donde se detalla la asignación de más de mil 700 millones de pesos a Proacceso ECO, A.C. y a Enova, a través del Comeyt, Conacyt y Conaculta.

Hacienda, antes de elaborar los nuevos Pp, en los pre-criterios de política entegados a los legisladores en marzo pasado (029/2015), adelantó que se prevé un recorte al gasto de 135 mil millones de pesos para el presupuesto del año próximo. Seguramente, los recursos para Conacyt no disminuirán en una tercera parte, pero el ajuste es inminente. Lo veremos el 8 de septiembre o un poco antes y más claramente en el 2016.

Sistema Nacional de Investigadores: La regulación de la evaluación

Sistema Nacional de Investigadores: La regulación de la evaluación
Por Alejandro Canales en Campus Milenio

A raíz de los multicitados casos de dos profesores que incurrieron en plagios académicos, uno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otro del Colegio de San Luis, Conacyt emitió un comunicado para recordar que cuenta con normas para atender ese tipo de irregularidades y advertir que “no tolera faltas éticas que ponen en duda la integridad del Sistema Nacional de Investigadores” (Comunicado 66/15).

Los casos han sido profusamente documentados en los medios y no tiene sentido insistir en los hechos particulares. Sin embargo, sí vale la pena destacar las reacciones que se han producido al respecto y algunas de las acciones que se sugieren, porque tal vez podrían ser contraproducentes y profundizar el ya de por sí complejo sistema normativo.

En primer lugar, salvo una inexplicable carta pública en defensa de uno de los inculpados —por cierto, finalmente él acepto su responsabilidad—, las expresiones públicas sobre los acontecimientos fueron de franca reprobación y condena unánime al plagio académico. Al menos podemos tomarlo como un aliciente, porque nos muestra que no hemos llegado al extremo del cinismo, no todavía, como para justificar lo injustificable.

En segundo lugar, parece claro que los dos casos de referencia no son hechos excepcionales. Según algunos testimonios que se dieron a conocer en los medios y otras experiencias, lo que conocemos, el plagio académico es una práctica recurrente y tiene lugar en múltiples instituciones, tanto por alumnos como por profesores e investigadores.

Incluso, en el mismo Sistema Nacional de Invesigadores (SNI), de acuerdo a lo que señaló la directora de desarrollo científico del Conacyt, Julia Tagüeña, en la última década se han sancionado seis expedientes más por plagio académico (La Jornada 06.08.2015). Esos casos no alcanzaron una alta visibilidad pública, pero fueron igualmente graves, solo que las redes sociales no potenciaron su efecto en los medios.

Ciertamente, el plagio y el fraude académico no son privativos del ámbito nacional. En la mayoría de regiones y en variadas instituciones se han registrado y reportan casos; son más notorios cuando se refieren a personajes de la vida pública o académicos consagrados. Por ejemplo, el prestigiado investigador coreano que manipuló imágenes para validar su experimento, un funcionario público alemán con título apócrifo, un célebre escritor peruano acusado de plagiar escritos periodísticos, entre muchos otros.

Sin embargo, lo que no se sabe es qué tan acotado o extendido está el problema y tampoco qué lo está provocando. Sobre lo primero existen meras impresiones o experiencias que se globalizan para calificar, pero ninguna aproximación a una medida. Es más, ni siquiera existe la certeza de qué y cuándo puede ser considerado como plagio.

En cuanto a los motivos para el plagio, las posiciones se han dividido: unos señalan que se debe a la presión para mantener o incrementar la productividad que impone el mismo sistema de evaluación, con lo cual aligeran la responsabilidad de los acusados; otros, por el contrario, enfatizan el papel individual e indican que el plagio deriva de la constitución moral del académico del que se trata y su consecuente propensión a cometer el ílicito; otros más, observan que es un relajamiento o una auténtica falla de los evaluadores, los que juzgan el trabajo (sea el tutor, los pares, las comisiones, los instrumentos o el sistema); y unos más, advierten que el plagio se debe a la ausencia de una normatividad para prevenirlo.

En general, como casi siempre ocurre, es posible que las causas se localicen en más de un factor. No obstante, la respuesta no puede ser, una vez más, mirar para otro lado y continuar con una ausencia completa de normas que permitan la apropiacion indebida de los productos e ideas de otros.

La opción tampoco puede ser una sobre regulación para prevenir el plagio, como la que actualmente dedica un volumen incuantificable de horas, materiales probatorios, así como recursos humanos y financieros, a la tarea de evaluar la productividad. Y en no pocas ocasiones con indicadores absurdos como los que hemos comentado en este mismo espacio.

En los últimos 25 años hemos creado un intrincado y burocrático sistema de evaluación del rendimiento individual, valorándonos incesantemente unos a otros, pletórico de comisiones, reglamentos y sumamente costoso. Parece indudable que sí ha logrado incrementar la productividad pero no, como tenemos constancia, lo más esencial: mejorar la actividad.

La respuesta no debieran ser más normas, si no repensar seriamente el sistema de evaluación, reducir su variabilidad y su peso salarial. Sobre todo, tendría que garantizar una rendición de cuentas y haber una clara diferencia entre cumplir con las responsabilidades y no hacerlo

 

Nueva actitud del gobierno hacia la ciencia

Nueva actitud del gobierno hacia la ciencia
Por Emiliano Cassani en Foro Consultivo Científico y Tecnológico

El coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, y  el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República,  Alejandro Tello Cristerna, coincidieron en señalar que existe una nueva actitud en el gobierno federal en favor de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Ante representantes de los medios de comunicación, luego del lanzamiento de la convocatoria del concurso Vive conCiencia realizado el pasado miércoles, Franco recordó que “el presidente de la República estuvo presente en la entrega de premios de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), una de nuestras academias insignias y ahí estableció el compromiso de su gobierno de seguir dando apoyo a la ciencia y tecnología”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Alejandro Tello, dijo que es evidente que en la actualidad  hay un cambio de mentalidad en el gobierno mexicano, por lo que mencionó los más importantes logros que han ocurrido  en su legislatura:

“La democratización del conocimiento ha sido un gran paso; la nueva situación de los investigadores ante la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde ahora ya podrán obtener regalías por sus trabajos; el tema de las multas electorales que indica que cualquier infractor que transgreda el reglamento federal o estatal concerniente a elecciones deberá recibir una sanción económica, misma que irá al Consejo Nacional y a los  Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología; y por otro lado la inversión de más de 40 millones de pesos en la ciudad del conocimiento en Zacatecas”.

Por otro lado, Tello dijo que en la actualidad se trabaja para que en los campos de la ciencia y la tecnología, sea el diseño del presupuesto base cero, el que permita canalizar los recursos a los programas prioritarios y así pueda verse una mejoría en el sector.