El poder adquisitivo de los académicos

El poder adquisitivo de los académicos
Por Martín Vargas Magaña en la Gaceta UdeG Nº 818

Parte importante de la crisis económica recurrente en que vive nuestro país se debe a la imposición de la política salarial de topes en los incrementos salariales por debajo del índice inflacionario, medida adoptada en la década de los 80 del siglo pasado que ha provocado año tras año un deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Este deterioro se debe al alza acumulada de precios en bienes y servicios que son indispensables para solventar las necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda y transporte de una familia promedio en el país.

Durante la primera semana del año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que el poder adquisitivo de las familias mexicanas se ha desplomado de manera continua desde 1992 y que ello es la causa principal del incremento de la pobreza y del fracaso de la política social durante los últimos 22 años.

Algunos expertos, luego de analizar la política de topes salariales y la tendencia en el alza de los precios de bienes y servicios básicos, señalan que serían necesarios alrededor de 50 años para alcanzar una verdadera recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.

En abril de 2014, la Facultad de Economía de la UNAM realizó una investigación que señalaba una caída del 77.8 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo en el periodo que va de 1987 a 2014. La investigación hecha a nivel nacional empleó una canasta de 40 productos recomendados para una buena y sana alimentación, elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El salario mínimo vigente en el DF era en ese momento de 67.29 pesos diarios y el costo de la canasta básica de alimentos era de 195.3 pesos en supermercados y 172.4 pesos en mercados sobre ruedas y tianguis. Así, tan sólo para comprar los alientos mínimos necesarios en un día, el salario mínimo debería aumentarse en al menos 116.56 pesos diarios, lo que supone un incremento del 173.2 por ciento.

En este momento más de 10 millones y medio de trabajadores en el país, cuyos ingresos son iguales o menores a 2 salarios mínimos no tienen los recursos necesarios ni siquiera para comprar la canasta básica de alimentos.

Por otra parte, la Universidad Obrera publicó también durante 2014 un informe llamado Crisis y rezago social, en el señala que en los últimos tres sexenios los topes salariales han provocado que el salario mínimo se incremente en apenas un 333 por ciento, frente al incremento del costo del kilogramo de tortilla que ha sido de alrededor del mil 364 por ciento, o el incremento del precio pan blanco que se elevó 980 por ciento, o la harina de trigo que subió 785 por ciento, o la carne que subió 700 por ciento, o el frijol que se incrementó 623 por ciento o el huevo que aumentó 862.5 por ciento. Ante esto, no es de extrañar que la familia de un trabajador que percibe el salario mínimo, padezca la insuficiencia de sus ingresos tan sólo para cubrir las necesidades alimenticias. Con un salario mínimo sólo se puede obtener la quinta parte de las proteínas y calorías por persona necesarias para una adecuada alimentación.

Por supuesto, los trabajadores académicos universitarios no están exentos del deterioro del poder adquisitivo del salario. Una investigación llevada a cabo por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM señala que de 1982 a 2013 los bolsillos de los profesores ordinarios de asignatura, en aquella casa de estudios, perdieron un 78 por ciento de su poder adquisitivo, los profesores investigadores asociados y los técnicos académicos han visto disminuir el valor real de su salario en un 72 por ciento y los profesores de tiempo completo han perdido un 44 por ciento de su poder de compra.

Durante este periodo el deterioro salarial en la Universidad de Guadalajara puede suponerse similar o peor, por tratarse de los mismos índices inflacionarios y por poseer un tabulador con percepciones inferiores a las ofrecidas por la UNAM. En el año recién concluido las cosas no mejoraron. La inflación acumulada fue de 4.08 por ciento y el aumento salarial logrado por los trabajadores académicos de la UNAM (que es un indicador del tope salarial que se impondrá al resto de las universidades) fue de apenas 3.4 por ciento directo al salario; con lo cual se suman más pérdidas en el valor real del salario para los universitarios en todo el país.

Ante esto, resulta imperativa una revisión salarial en la Universidad de Guadalajara (y en todas las instituciones públicas educativas de nivel superior) que cuente con la participación de autoridades estatales y federales para un incremento de emergencia que frene al menos, la tendencia de deterioro del salario. De permitirse la continuidad de la contracción salarial en las universidades públicas se compromete la calidad educativa del sistema educativo nacional en su conjunto y con ello el deterioro del futuro para el país.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s