Académicos e investigadores al descubierto en México

Académicos e investigadores al descubierto en México
Por Erick Juárez en Cinvestav: Avance y Perspectiva

La reputación de científicos e investigadores puede verse deteriorada por incurrir en prácticas deshonestas vinculadas con su desempeño académico y científico. Si bien es un problema global para el desarrollo de la ciencia con ética, México no es ajeno a este tipo de acciones.

Hasta ahora no hay forma de saber o medir la incidencia de este fenómeno en el país, debido a la falta de estudios pertinentes y a la generación de información de instituciones de gobierno que proporcionen un parámetro. No obstante, algunos casos que han sido divulgados a través de los medios de comunicación y entre la comunidad académica, por lo que no han escapado al conocimiento de la sociedad mexicana.

Puros cuentos

Uno de ellos es el de Boris Berenzon, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, quien fuera expulsado de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) en 2013, al ser encontrado culpable de diversas acusaciones de plagio.

Berenzon fue señalado por los investigadores Juan Manuel Aurrecoechea y Francisco Miñarro de haber copiado por lo menos 18 párrafos del libro Puros cuentos: la historia de la historieta en México, 1874-1934 —una obra publicada en 1988 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Museo de Culturas Populares y Grijalbo, para usarla en la tesis que le daría a Berenzon el grado de doctor en historia.

La decisión tomada por el Consejo Técnico de la Facultad, y ratificada por el Consejo de Honor y Justicia de la Facultad no ha tenido precedente en la institución, donde finalmente señalaron que “no citar fuentes de manera correcta [argumento de defensa de Berenzón] no puede considerarse un error metodológico, sino que constituye una falta grave para el ejercicio disciplinario y compromete su capacidad para enseñar a estudiantes de licenciatura y posgrado”, por lo que la decisión de separarlo de toda actividad en la facultad, fue irrevocable.

UACM
El segundo caso, protagonizado por el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y coordinador de Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José Enrique González Ruiz, culminó en mayo de 2014 con la expulsión del catedrático de esta casa de estudios, acusado de hostigamiento y acoso sexual y laboral en contra de dos trabajadoras de la institución.

El proceso, que duró once meses, estuvo lleno de contrastes: por un lado, integrantes de la Asamblea de Estudiantes del Posgrado en Derechos Humanos de la UACM alegaban que las acusaciones tenían tintes políticos, por lo que habían existido diversas irregularidades “con la intención de excluirlo como candidato a la rectoría de la UACM”, señalaron en un comunicado.

Sin embargo, la decisión de cesarlo de sus actividades en esta casa de estudios fue respaldada por 18 organizaciones defensoras de los derechos humanos y veinte académicos de distintas universidades del país, quienes señalaron que la acción de castigo “se fundó y motivó con respeto a los derechos humanos de los involucrados, en particular los derechos y garantías de seguridad y certeza jurídica”.

UNAM
El tercer ejemplo nos lleva al Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde una investigación realizada por la doctora María Alejandra Bravo de la Parra y del doctor Mario Soberón Chávez, sobre la bacteria Bacillus thuringiensis y sus aplicaciones en la agricultura, fue revisado por un grupo de científicos canadienses en septiembre de 2012. Este grupo concluyó que en al menos dos de once artículos publicados en diversas revistas internacionales se utilizaron imágenes alteradas y que los modelos experimentales empleados no son reproducibles.

A pesar de que la Universidad había decidido separarlos de sus actividades académicas, el 27 de septiembre de 2013 el Instituto de Biotecnología reincorpó a los investigadores a sus actividades de manera plena y con la aprobación del Consejo Técnico del Instituto, pues consideraron que las faltas cometidas no fueron lo suficientemente graves como para expulsarlos definitivamente.

Para enfrentar acciones deshonestas en el medio académico, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) creó el Comité de Integridad Científica (CIC), para “revisar los casos de corrupción o falsificación de investigaciones que los miembros de la Academia [a la cual pertenece Alejandra Bravo] puedan cometer”.

“La trascendencia de este Comité tiene que verse en dos sentidos. En primer lugar destacar la importancia de una comisión con sus características en una comunidad académica como la nuestra y, en segundo, reconocer la necesidad de la existencia de órganos de este tipo, porque hay que hacer explícitas las reglas del trabajo académico, pensando sobre todo en el futuro para que los investigadores más jóvenes tengan ese marco de referencia general que a veces hace tanta falta”, señaló Soledad Loaeza Tovar, primera presidenta del comité, al iniciar sus tareas en febrero del 2013.

Para el ex titular de la AMC y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Octavio Paredes, “existe una enorme tendencia al plagio y autoplagio, por la gran presión que tienen los investigadores para presentar constantemente publicaciones recientes sobre sus trabajos científicos”.

“Este Comité compuesto por reconocidos científicos, examinará los casos en los que miembros de la AMC incurran en faltas de ética, como puede ser la falsificación de publicaciones o investigaciones originales, así­ como cualquier falta de congruencia en el desempeño de sus funciones”.

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