La nueva transparencia y las universidades

La nueva transparencia y las universidades
Por  Carlos Pallán Figueroa en Campus Milenio

El viernes pasado fue promulgada la Reforma Constitucional en materia de transparencia. La ceremonia, verificada en Palacio Nacional, sirvió para que la Presidencia de la República la festejara como uno de los acontecimientos legislativos del año pasado y, de paso, para señalar que ese ‘frenesí legislativo’ (comparado con otras épocas) se mantendrá en este 2014 cuando deberán aprobarse las leyes secundarias que le den viabilidad y curso al conjunto de dichas Reformas Constitucionales.

El festejo es pertinente. Posiblemente, la de transparencia sea la reforma en que la iniciativa haya sido la más modificada y discutida, tanto entre las bambalinas partidarias como en el seno del Congreso de la Unión.  La mayoría priista cedió a propuestas que mejoraron sensiblemente el proyecto presentado.

Dos serían las principales cualidades de lo que ahora se promulga: se amplía el número de sujetos obligados y se profundiza en los mecanismos que afianzan la transparencia.  La primera incluye ya a partidos políticos y sindicatos, demanda popular largamente exigida. La segunda consiste, básicamente, en el fortalecimiento del órgano que promueve y aplica las reglas de transparencia (el actual IFAI), así como que sus resoluciones se vuelvan inatacables y no recurribles, salvo el caso de que “puedan poner en peligro la seguridad nacional”. El avance en ambos casos es enorme; como lo expresó el Presidente Peña: “de esta manera se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública”.

El nuevo organismo encargado de la transparencia tendrá plena autonomía (a semejanza del IFE y del Banco de México), se compondrá de siete comisionados (en lugar de los cinco actuales) y su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Además, se le dota de competencia para que conozca de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como para que intervenga ante autoridades o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. Aunque con distintas modalidades que preservan la soberanía de las entidades federativas, la  reforma se extiende a los tres órdenes de gobierno, incluyendo los organismos autónomos de aquellas.

En las universidades autónomas, ya sean federales o estatales, los efectos serían trascendentes. Por un lado, se confirma la limitación al régimen de autonomía, mismo que se había dado desde el año 2000 cuando se reformó el Artículo 74 Constitucional y se expidió la Ley de la Fiscalización Superior de la Federación. Después, la Reforma al Artículo Sexto Constitucional (sobre derecho a la información) y la emisión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información gubernamental, consideró también a las universidades como sujetos obligados a someterse a esas disposiciones. Las instituciones de educación superior reaccionaron adaptándose a esa nueva normatividad, aunque con una enorme diferenciación en sus grados de cumplimiento.

Pero hay otro efecto trascendente: el de los sindicatos universitarios. Como sucede en el ámbito más amplio de las empresas productivas y de servicios, en las IES hay de todo: desde los sindicatos blancos, de empresa (dóciles y al servicio del patrón) hasta los democráticos, con autoridades elegidas por los trabajadores y al servicio de éstos y de sus intereses corporativos. Al igual que las propias universidades, como sujetos obligados, los sindicatos tendrán que preservar sus documentos en archivos actualizados, y publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa sobre los recursos públicos, así como los indicadores que les permitan rendir cuentas.

Tal obligación deriva, al igual que en el caso de las universidades, de que reciben y ejercen dineros públicos, todas aquellas aportaciones que, consignadas en los presupuestos universitarios de cada institución, solventan los compromisos contraídos y plasmados en los contratos colectivos o instrumentos semejantes. Previsiblemente, transparentar signifique, de ahora en adelante, exhibir la ficción de los sindicatos blancos y, en los democráticos, hacer que las asambleas de trabajadores dispongan de elementos adecuados para juzgar a sus comités directivos. La transparencia en ambos casos será un valor al servicio de la democracia sindical. Ya volveré la próxima semana a este tema.

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